El viernes pasado Los Rojos –la organización criminal encabezada por Santiago Mazari Hernández, El Carrete– se llevaron la primera plana de un diario nacional. El encabezado rezaba: "Detienen a operadores del Cártel de Los Rojos: Revelan narcos pagos a alcaldes". En la nota se describe el esquema que Los Rojos siguieron para hacerse con el control de doce alcaldías de Morelos. En la lista de municipios figuran Xochitepec (que forma parte de la zona metropolitana de Cuernavaca); Jojutla (una de las localidades más dañadas por el sismo del pasado 19 de septiembre); y Puente de Ixtla (donde se ubica la Laguna de Tequesquitengo).
En las elecciones de 2015 los criminales apadrinaron candidatos a alcaldes con un millón de pesos. Hay que reconocer a Los Rojos el mérito de la pluralidad (aunque el principal beneficiario fue el PRI, patrocinaron candidatos de todos los partidos políticos). Meses después, cuando sus candidatos llegaron al cargo, Los Rojos colocaron a su gente en los cabildos. De acuerdo con los testimonios publicados el viernes, su infiltración en las alcaldías tenía tres objetivos: contar con impunidad para llevar a cabo actividades criminales, cobrar una 'cuota' de entre 100 mil y 500 mil pesos mensuales, y asegurar que ciertos contratos de obra pública fueran para las empresas que ellos quisieran. La única razón por la cual Los Rojos no buscaron nombrar a los comandantes de la Policía en sus municipios es porque el gobernador Graco Ramírez había dedicado la primera mitad de su sexenio a establecer un Mando Único efectivo en los 33 municipios de Morelos.
El control criminal de una docena de ayuntamientos en Morelos difícilmente sorprende. Hace un año, el comisionado estatal de Seguridad, Alberto Capella, lo denunció ante diputados locales. En agosto pasado se viralizó un video en el que se observa cómo el alcalde de Mazatepec, Jorge Toledo, es intimidado y sometido por un grupo de sicarios de Los Rojos. El propio Toledo reconoció haber pagado cuota. A los pocos días de que se diera a conocer el video, su secretario particular apareció acribillado y Toledo declaró que su renuncia estaba "sobre la mesa" (aunque nunca se concretó y Toledo sigue despachando a la fecha). Más importante, la gente en las ciudades y los pueblos controlados por Los Rojos sabe, y platica sin muchas reservas, quiénes mandan en realidad y cómo funcionan las cosas.
Sin embargo, la información que se dio a conocer el viernes es relevante porque procede de una fuente ministerial: las declaraciones de dos jefes de sicarios recientemente detenidos por la Fiscalía General del Estado de Morelos. El viernes pasado, el mismo día que salió la nota, la Fiscalía publicó un comunicado en el que destaca que a fines de 2017 se exhortó a todos los alcaldes del estado a presentar denuncias y que ninguno lo hizo. En el comunicado también se advertía que la Fiscalía de Morelos estrecharía la coordinación con la SEIDO, a efecto de que se ejerzan las acciones legales que correspondan.
Nadie se ha atrevido a impulsar una acción de alto perfil en contra de las redes de protección criminal en los gobiernos municipales desde el 'Michoacanzo' (la detención, en mayo de 2009, de una treintena de funcionarios de Michoacán, incluyendo 11 alcaldes, que acabó por ser un rotundo fracaso para el gobierno federal). Por ello, desmantelar la red de protección a Los Rojos en las alcaldías de Morelos sería un golpe muy positivo (sobre todo tomando en consideración que la PGR ha perdido prácticamente toda credibilidad en los últimos años y que, después de las acusaciones a Ricardo Anaya, necesita urgentemente demostrar que es algo más que un instrumento de control político).
Sin embargo, la justicia ha sido lenta. En pocos meses terminará el periodo de los alcaldes que fueron patrocinados por Los Rojos en 2015 y El Carrete buscará nuevamente controlar las alcaldías de Morelos. Tal vez en estas elecciones Mazari Hernández cambie en algo su modus operandi. Sin embargo, no cabe la menor duda de que Los Rojos intentarán, patrocinando campañas o intimidando, que su gente quede bien colocada en los ayuntamientos (sobre todo porque existe la posibilidad de que el próximo gobernador y el próximo comisionado de Seguridad sean más flexibles y estén dispuestos a solapar sus actividades).
Lo más grave es que en otros estados donde se celebrarán elecciones la situación es muy parecida a la que se observa en Morelos. La gente de El 80 (líder de La Línea) va a intentar imponer su voluntad en los municipios del poniente de Chihuahua. Los hermanos Sierra Santana, líderes de Los Viagras, harán lo propio en la Tierra Caliente de Michoacán. La democracia mexicana está bajo asedio. Sin embargo, la amenaza no procede –como algunos creen– del posible triunfo de ningún candidato presidencial, sino del creciente dominio que los criminales tienen sobre la vida política mexicana en el ámbito local.