Eduardo Guerrero Gutierrez

El seguro ganador de las elecciones

Nuevamente no hay la voluntad política para tomar las medidas necesarias para proteger a nuestros candidatos y a nuestras instituciones de gobierno.

No, no me refiero a la carrera presidencial. Me refiero a organizaciones que no aparecen formalmente en la boleta, pero que están apostando fuerte para algunas presidencias municipales (no sé si para alguna gubernatura) y que están dispuestas a todo para decidir quién va a ganar, o al menos para estar seguros de que el que gane se cuadre con sus intereses. A principios de este año mencioné en esta columna que los homicidios de alcaldes del año pasado eran "un presagio negro para el proceso electoral que arranca". Identificaba en aquel texto a los estados de Guanajuato, Puebla y Morelos como focos rojos. Desafortunadamente, el mal presagio se está cumpliendo.

Si contamos a los aspirantes durante el periodo de precampañas, el número de homicidios políticos durante el presente proceso electoral se acerca al centenar. El viernes pasado fue asesinado el candidato de Morena a la alcaldía de Apaseo el Alto, Guanajuato, José Remedios Aguirre. El hecho ocurrió en el contexto de la peor crisis de violencia e inseguridad que se haya vivido en el Bajío. Desafortunadamente, a partir de 2013 varios factores coincidieron para hacer de Guanajuato uno de los estados más violentos del país.

Los ductos de Pemex que atraviesan Guanajuato dieron lugar a un rápido crecimiento del robo de combustible. Guanajuato se colocó en 2017 como la entidad con mayor número de tomas clandestinas reportadas por Pemex (mil 852, que equivalen a 18 por ciento del total nacional). El robo de combustible ha demostrado ser tan redituable, que actualmente las principales organizaciones criminales del país buscan controlarlo. Para desgracia de Guanajuato, la acelerada expansión del robo de combustible coincidió con la llegada de células criminales provenientes de Michoacán (después del desmantelamiento de Los Caballeros Templarios en 2015) y sobre todo con la irrupción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Para el crimen organizado es indispensable contar con cierta connivencia de las autoridades municipales. En el actual proceso electoral los grupos criminales de Guanajuato buscan intimidar o corromper a quienes ocuparán las alcaldías, y de esa forma operar tranquilamente el lucrativo negocio del combustible robado. Algo similar ocurre en Puebla. En Chihuahua, los criminales buscan contar con protección para desplazar droga por las rutas que van a la frontera norte. En Michoacán y en Morelos los criminales no sólo quieren que se les garantice impunidad, sino también apropiarse de una tajada del presupuesto e incluso nombrar a algunos funcionarios clave en los ayuntamientos.

Desafortunadamente, la norma es que las autoridades y los partidos no tomen con la seriedad necesaria la seguridad de sus candidatos. Esta seguridad tiene dos componentes. El primero es la seguridad física. Que vayan bien escoltados, sobre todo los candidatos a alcalde que compiten en municipios de alto riesgo. Apaseo el Alto, donde fue ultimado el candidato de Morena la semana pasada, fue en 2017 uno de los municipios más violentos del país. En una situación como la que prevalece en Apaseo el Alto, es ingenuo pensar que un candidato honesto no tiene nada que temer. Las voces –de distintas fuerzas políticas– que han señalado en los últimos días que no buscarán mayor seguridad, son irresponsables y demagógicas.

El segundo componente de la seguridad en las campañas tiene que ver con un trabajo de inteligencia, que debería ser una de las mayores prioridades del Estado mexicano, y que prácticamente no se hace (o si se hace, no se está tomando en cuenta). Sería indispensable contar con información detallada de todas las personas que buscan un puesto de elección popular. A las instituciones federales les correspondería, con absoluta neutralidad política, generar esta información. A los partidos políticos les correspondería actuar con compromiso, colaborar con la investigación de sus propios candidatos y no postular ni apoyar a personajes con vínculos criminales. También sería indispensable establecer un acompañamiento. Los candidatos –y las personas que toman la decisión sobre quiénes serán candidatos– son intimidados, reciben advertencias y ofrecimientos. En la mayoría de los casos están solos.

Nuevamente no hay la voluntad política para tomar las medidas necesarias para proteger a nuestros candidatos y a nuestras instituciones de gobierno. Este año aumentará, de nuevo, el número de alcaldías controladas por un cártel o una mafia local. El crimen organizado ganará en estas elecciones.

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