Arrancaron la semana pasada en Ciudad Juárez y Torreón los foros de pacificación. Todavía faltan por realizarse 16 encuentros más. Formalmente, los foros se presentan como un ejercicio de consulta para definir lo que habrá de hacerse durante el próximo sexenio. Sin embargo, al escuchar los discursos y observar la interacción con los asistentes, queda la impresión de que estos foros son ya un ejercicio de gobierno.
Fue elocuente que durante la inauguración en Ciudad Juárez, el gobernador Javier Corral saliera con el encargo de reunirse personalmente con el padre de una víctima. Sospecho que veremos historias similares en otros estados, y que el equipo de AMLO buscará que los foros se conviertan en un espacio para generar presión, para que las autoridades atiendan algunas exigencias incluso antes del 1 de diciembre.
Durante la inauguración, el Presidente electo también insistió en que la seguridad será un tema que no delegará en ningún funcionario. Por supuesto, AMLO no puede estar en todas partes, por mucho que madrugue. Sin embargo, su modelo de gestionar asuntos depende en buena medida de crear la impresión de que está en todo (y en ir construyendo canales directos de comunicación con la gente, que no pasen por la intermediación de las estructuras formales de gobierno). Los foros también podrían servir para este propósito.
Asimismo, los foros parecen una excelente oportunidad para que el futuro gobierno socialice y tome el pulso sobre lo que se perfila como un gran cambio de rumbo en la estrategia de seguridad. López Obrador repitió en Juárez uno de los mantras más socorridos en su repertorio: que "el mal no se puede enfrentar con el mal". Tal vez ése es el fondo del asunto. Una lectura sencilla de nuestra historia reciente que genera una enorme división. De acuerdo con esta lectura, en el "combate frontal" o "guerra contra el narco", el Estado mexicano ha hecho el mal. No hay que olvidar que los criminales más peligrosos rara vez terminan en la cárcel. Muchos quedan impunes, pero muchos otros son exterminados (y junto con ellos también mueren muchos que no eran tan peligrosos o que de plano no eran criminales). Es interesante que AMLO hable incluso de masacres.
Durante la campaña, López Obrador sembró la idea de una amnistía. El concepto tuvo tanto éxito que hoy es el eje central de la discusión pública. Sin embargo, la palabra amnistía no da para mucho más que para proponer una reducción de sentencias para delincuentes menores (pretender ir más allá sería inaceptable y contraproducente). Por ello, me inclino a pensar que el perdón que ofrece el Presidente electo no necesariamente se limita al ámbito de la impartición de justicia. Más que una amnistía, sospecho que lo que AMLO tiene en mente es una especie de "armisticio" o tregua con algunos grupos criminales. El gobierno buscaría imponer este armisticio de forma tácita y gradualmente veríamos cambios en los operativos del Ejército y de la Policía Federal. La idea tiene sus riesgos, pero no necesariamente es mala (habrá que ver cómo se podría implementar). Sin embargo, es un planteamiento que, si se lleva a la práctica, daría pie a numerosas críticas y resistencias, de quienes se sientan descobijados o de quienes se oponen a cualquier forma de perdón. Tal vez son estas críticas y resistencias lo que AMLO y su equipo buscarán medir durante los maratónicos foros de pacificación.
En otro tema, una buena noticia fue la detención el pasado miércoles de Roberto Moyado, El Betito, líder de La Unión Tepito. Este grupo criminal había propiciado en los últimos meses un preocupante escalamiento de la violencia en la Ciudad de México y es responsable de que el cobro de cuota se haya extendido por varias colonias de la capital. También es positivo que, tras la detención de El Betito, varios de sus operadores hayan sido capturados. Lamentable, por otro lado, la falta de sintonía del ministerio público. No había orden de aprehensión en contra de El Betito (a ver si no logra que un juez ordene su liberación).
La semana pasada señalé que las cifras de víctimas de homicidios que generan las procuradurías o fiscalías de varios estados presentan discrepancias muy preocupantes en relación con los números que trae el INEGI. Guanajuato es el estado donde la discrepancia es mayor. El gobernador Miguel Márquez habló sobre el tema, pero sólo para deslindarse y para pedir una aclaración al INEGI. Desafortunadamente, la explicación que hace falta sólo la puede dar el gobierno estatal, pues son las cifras que genera la procuraduría local las que resultan poco creíbles. En particular, no parece verosímil que en Guanajuato hubiera el año pasado 2 mil 604 víctimas de homicidio culposo (lo que supone que en Guanajuato hubo más homicidios culposos que dolosos, y que la tasa de homicidios culposos en ese estado es más del triple a la que se observa en el resto del país).