La izquierda no se siente cómoda con los uniformados. En el discurso progresista, las macanas de los policías y las botas de los soldados son un símbolo de represión al servicio del gran capital, del Estado autoritario o de la mafia del poder. Cuando la izquierda llega al gobierno y recibe el monopolio del uso legítimo de la fuerza, este discurso suele generar tensiones, como las que empezamos a ver entre Morena y la cúpula militar.
Tanto AMLO como Marcelo Ebrard supieron conciliar bien estas tensiones cuando gobernaron el Distrito Federal. No llegaron a solucionar el monumental problema de la corrupción y los abusos por parte de la policía capitalina. Sin embargo, sí impulsaron estrategias bien pensadas con base en cuadrantes y algunos elementos de prevención situacional. Estas estrategias potenciaron la capacidad de la policía para disuadir el delito, no fueron particularmente represivas y permitieron contener la incidencia delictiva.
La experiencia exitosa en la capital es un buen precedente, pero no es garantía. En el gobierno federal, el desafío será de ligas mayores. Una diferencia importante es que los policías capitalinos hacen frente a riesgos relativamente acotados (o al menos así era durante los gobiernos de López Obrador y de Ebrard). En contraste, en los estados donde se realizan los principales operativos del Ejército y de la Policía Federal, los soldados y los federales saben que en cualquier curva de la carretera, en cualquier brecha o en cualquier ranchería, puede aparecer un comando con varias decenas de personas armadas. La letalidad, las ejecuciones extrajudiciales y las demás violaciones graves a los derechos humanos no son ningún invento. Tampoco son imaginarias las bajas de policías y soldados.
En los diez años de conflicto abierto entre el Estado mexicano y el crimen organizado se han cometido todo tipo de excesos en ambos bandos. No se olvida fácilmente a los compañeros caídos, hay agravios y heridas abiertas. En los cuarteles no es momento para la reconciliación ni para la autocrítica, sino para cerrar filas. Desde esta lógica es imposible reconocer culpas, incluso en los casos en los que parece aberrante (como se dejó ver en las declaraciones del general Cienfuegos respecto a la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas). Por eso también el rechazo a una comisión de la verdad que investigue el posible papel que las Fuerzas Armadas desempeñaron en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Sería muy peligroso para AMLO y su equipo desestimar, sin entender, la posición de los militares. Con Calderón y con Peña Nieto se fue demasiado lejos al solapar que abusos muy graves quedaran impunes. Es necesario un nuevo balance. Sin embargo, el presidente de México no puede darse el lujo de prescindir del Ejército, o de lidiar con un Ejército que no confíe en él. Morena ya puso sobre la mesa más temas de los que se pueden procesar sin generar un profundo descontento en el Ejército. A la comisión de la verdad se suma la posible derogación de la Ley de Seguridad Interior y la insistencia en la creación de una Guardia Nacional.
La derogación de Ley de Seguridad Interior es tal vez la más inútil de las batallas que la izquierda podría librar. Dicha ley fue, por años, la principal demanda del Ejército. Revocarla sin más sería una afrenta. Ciertamente la Ley de Seguridad Interior contiene algunos elementos preocupantes, que se podrían reformar, pero también tiene virtudes. Si se aplica con inteligencia, esta ley podría funcionar como un mecanismo de presión para los gobiernos estatales que no hacen su trabajo o que de plano operan a favor de los criminales.
La idea de crear una Guardia Nacional, que AMLO revivió hace pocos días, también podría ser tóxica para la relación entre el futuro presidente y las Fuerzas Armadas. La premisa de fondo es correcta. México tiene un cuarto de millón de militares (una fuerza seis veces mayor al total de elementos de la Policía Federal) y lo ideal sería que una parte de esos elementos, que ya están en las calles, fuera transferida a una corporación civil. Sin embargo, la Guardia Nacional también implicaría la desaparición de las Fuerzas Armadas como las conocemos hasta la fecha. La resistencia a un cambio de esta magnitud sería tremenda. Lo responsable en este caso sería plantear un proyecto para reducir, de forma gradual y en el largo plazo, el tamaño del Ejército.
Ojalá que AMLO, Alfonso Durazo y los liderazgos de Morena en el Congreso no dejen que los prejuicios y el revanchismo arruinen la relación institucional, que mal que bien ha prevalecido entre las Fuerzas Armadas y el resto del Estado mexicano. Algunos cambios son indispensables, sobre todo en materia de derechos humanos. Sin embargo, debe prevalecer el respeto a las instituciones y las personas que en algunos lugares del país son la única presencia viable del Estado. Como señala Carlos Elizondo en un texto publicado la semana pasada: todo vacío de autoridad lo llena alguien más. En el México actual el vacío que dejaría el Ejército sólo podría llenarlo la barbarie criminal.