La pacificación del país no sólo implica contener y reducir la violencia criminal. Además del acelerado repunte de los homicidios dolosos –y de otros delitos de alto impacto– vivimos tiempos marcados por el descontento. Lantia Consultores realiza un monitoreo diario de incidentes de conflictividad social: eventos que perturban el orden público, y que entre otros rubros incluyen balaceras en vía pública, movilizaciones, linchamientos de delincuentes, bloqueos carreteros y tomas de instalaciones. El primer año con información completa para este monitoreo fue 2014, cuando se registró un total de dos mil 401 incidentes de conflictividad social. Para 2017, la cifra ascendió a tres mil 622 incidentes (es decir, 50 por ciento más a lo observado tres años antes). La tendencia de los últimos meses anuncia que, salvo que el mero triunfo de Morena traiga consigo una reducción de la conflictividad, en 2018 la cifra será incluso más alta.
Cierto grado de conflictividad es inevitable en una sociedad plural. Sin embargo, los niveles registrados en México en los últimos años son preocupantes. La conflictividad que vivimos es reflejo de una sociedad que está harta de sus autoridades, pero a la vez es producto de un sistema que recompensa a aquellos grupos que son más hábiles para hacerles la vida imposible a los demás. La conflictividad social también es resultado de una infinidad de rencillas locales (como invasiones de tierras, o pleitos entre transportistas, o entre empresas de construcción y vecinos) que ya no se están resolviendo por medio de la negociación o por cauces legales. Cada vez en mayor medida la población busca hacerse justicia por propia mano. En la primera mitad de 2018 se registraron más de un centenar de linchamientos (mientras que en todo 2014 sólo se contabilizaron 59).
Por otra parte, el acelerado incremento de la conflictividad de los últimos tiempos ha estado estrechamente vinculado a la expansión y la diversificación de las actividades del crimen organizado. Los ejemplos más claros los vemos en Veracruz y Puebla que fueron, respectivamente, el primer y tercer estado con más incidentes de conflictividad en 2017 (la segunda posición la ocupó Oaxaca, estado golpeado desde hace años por el movimiento magisterial más combativo del país). Veracruz y Puebla son también dos de los estados donde más ha aumentado la violencia criminal a partir de 2014. De igual forma, los incidentes de conflictividad social han aumentado de forma dramática en Guanajuato (estado que se perfila para ser el más violento del país en 2018).
Son varias las razones por las cuales se observa una vinculación entre violencia, inseguridad y descontento social. Por una parte, distintos actores sociales se movilizan para protestar en contra de la violencia (como ocurrió en varios casos durante el reciente periodo electoral, después de que se registraran atentados y asesinatos de candidatos). En segundo lugar, porque algunos fenómenos delictivos adquieren ciertos rasgos de movimiento popular (como ocurre cuando multitudes de gente desarmada roban un tren o saquean los comercios que se niegan a pagar cuota). Finalmente, hay una vinculación entre inseguridad y descontento debido a los abusos que se cometen en el marco de los continuos operativos de la Policía Federal y el Ejército.
El próximo gobierno tendrá algunas ventajas importantes para atender la actual crisis de ingobernabilidad. En primer lugar, a AMLO y a algunos miembros de su equipo les gusta el trabajo en campo. Todo parece indicar que tendremos un gobierno menos abocado a desempeñar tareas técnicas desde las oficinas y a la discusión con el 'círculo rojo', y más enfocado en negociar y resolver problemas concretos con quienes hacen que las cosas se muevan en el territorio. Algunos de los principales proyectos del futuro gobierno –como el incremento en el gasto social y la amnistía– crearán oportunidades adicionales para atender demandas sociales, y podrían contribuir a apaciguar algunas de las tensiones que generan más malestar. Hasta la cuestionada descentralización (si se logra materializar) tendría un beneficio potencial: reducir las marchas que ahogan a la Ciudad de México y reducir la capacidad de presión de quienes marchan (no es igual el daño que se puede hacer con un bloqueo en la avenida Juárez, en Puebla, que en Paseo de la Reforma).
Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador también corre el riesgo de replicar y magnificar algunos errores del pasado. En particular se podría engendrar una nueva estructura clientelar de organizaciones que se acostumbren a vivir de subsidios. Estas organizaciones, aunque en su origen fueran auspiciadas por el propio gobierno, suelen convertirse en uno de los principales factores de ingobernabilidad cuando hay necesidad de hacer recortes. Son muchos quienes buscarán beneficiarse, y ya estarán cortejando a los futuros funcionarios (sobre todo a esos 32 delegados que ya se anunciaron como enlace único del gobierno federal en las entidades federativas). Habrá que poner mucha atención a cómo el nuevo gobierno resuelve conflictos y crisis de ingobernabilidad, y a cómo reparte dinero para lograrlo.