Si fuera presidente mi primera acción de gobierno sería un mensaje público, en cadena nacional, dirigido a los líderes criminales del país. No sólo a los narcotraficantes famosos, sino también a los jefes de las 'mañas' locales, que en muchos casos son responsables de las mayores atrocidades. A estos líderes criminales no les prometería una amnistía. Sin embargo, tampoco amenazaría con capturarlos a todos, a como diera lugar, sin importar el costo. El 'combate frontal' ya se intentó desde hace una década. Ha sido un fracaso rotundo.
Lo que sí prometería a los líderes criminales es que, si incurren en actos intolerables, usaría toda la fuerza pública, todos los recursos legales y todo el peso político de la presidencia, para castigarlos: no sólo para arrestarlos a ellos y a quienes los protegen (dentro y fuera del gobierno); también para catear los establecimientos donde operan y para decomisar sus bienes. Para arruinarles el negocio.
Dejaría muy claro qué considero un acto intolerable. La lista incluiría tres fenómenos que actualmente son cotidianos: primero, cualquier ataque armado en el que mueran menores; segundo, cualquier balacera al interior de una población; y tercero, cualquier agresión en la que mueran autoridades, incluyendo elementos policiales o militares.
La política de seguridad de mi gobierno sería una política de pacificación. Desde hace años el crimen organizado en México no conoce límites. Como la guerra es sin cuartel, la respuesta criminal no tiene escrúpulos. Es necesario marcar nuevamente límites. No podemos tratar de la misma forma lo meramente ilegal (que ciertamente se debe combatir, pero con recursos ordinarios), que los actos inhumanos que destruyen la paz, o que aquellas acciones que comprometen la autonomía del Estado.
El presidente y el gobierno federal no lo pueden todo. En mi mensaje les pediría a los gobernadores y a los alcaldes trabajar juntos para recuperar la paz. Para lograrlo es necesario dejar a un lado las simulaciones. Sabemos que el crimen organizado cuenta con redes de protección en las policías y en los ministerios públicos. Sabemos que en muchos penales existe un autogobierno criminal. Sabemos que todos los días ocurren violaciones graves a los derechos humanos.
No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar que las cosas cambien. Es necesario un cambio radical en las reglas del juego. Actualmente, el Consejo Nacional de Seguridad Pública es apenas un cascarón donde se legitiman acuerdos que se construyen por consenso. Lo que se requiere es justamente lo contrario. Un Consejo Nacional de Seguridad Pública que discipline a los tres órdenes de gobierno. Un Consejo donde se empujen decisiones difíciles e impopulares, pero necesarias, donde se hagan verdaderos ejercicios de rendición de cuentas y se exhiba la incompetencia. Se necesita imponer un costo político y presupuestal a las autoridades que no logren resultados.
En primer lugar, el Consejo debería transformarse en un organismo autónomo constitucional, encabezado por especialistas, con la independencia suficiente para llevar a cabo una evaluación neutral de las instituciones de seguridad pública de gobiernos de cualquier signo político.
En segundo lugar, deberíamos transitar a un esquema en el que la intervención de instituciones de seguridad corruptas o ineficaces no se conciba como una situación excepcional. Toda la evidencia sugiere que la penetración criminal en las policías y los ministerios públicos es un fenómeno extendido, y que en amplias regiones del país es la norma. Al menos en los próximos años sería necesario imponer, no en decenas sino en cientos de corporaciones, medidas como la remoción de mandos o la depuración completa de la fuerza pública.
Como presidente también mandaría un mensaje a los jóvenes más vulnerables a ser reclutados por el crimen organizado. A estos jóvenes a quienes los únicos dispuestos a dar una oportunidad y algún sentido de pertenencia son las pandillas o los malandros. Mi compromiso con estos jóvenes, a los que les hemos fallado como sociedad, sería doble.
Por una parte, para ellos sí debe haber una amnistía. Debemos reservar los penales sólo para los delitos más graves, y dejar de perpetuar en ellos el círculo de pobreza y delincuencia. Debemos considerar también que muchas de las personas que realizan labores para el crimen organizado lo hacen bajo distintas formas de coacción.
Por otra parte –y esto es lo más importante– como presidente lanzaría una política ambiciosa de prevención del reclutamiento criminal. Esta política no sería vaga ni dispersa, como se intentó durante los primeros años de la administración de Peña Nieto con el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Por ello, convocaría a nuestros mejores criminólogos para que, en coordinación con los sistemas de procuración de justicia y de readaptación social, mapearan con la mayor precisión dónde y cómo ocurre el reclutamiento criminal: en qué colonias, establecimientos y escuelas, e identificar el perfil específico que buscan los grupos criminales. A partir de este diagnóstico, asignaríamos recursos para que se amplíen las opciones educativas y de empleo de quienes viven en mayor riesgo.
Cerraría mi mensaje con algunas palabras dirigidas a todos los mexicanos. A ellos no les ofrecería cosas que no estén en mis manos cumplir. Tampoco les haría la promesa irrelevante de gastar sus impuestos en más policías o más patrullas. Sin embargo, sí me comprometería a que notaran cambios en su entorno. A que vuelvan a circular por las carreteras, a usar el transporte público o a salir de noche. A vivir en paz.
* Síntesis de mi intervención del pasado 27 de febrero en el foro 'La seguridad pública que a México le urge', en el que se preguntó a los ponentes qué harían si fueran el presidente, para transformar la seguridad pública del país.