Entre los 50 puntos del plan de austeridad y anticorrupción del virtual presidente electo se señala que "se suprimirán todas las estructuras y programas duplicados (oficialías mayores, oficinas de prensa, publicaciones, defensorías jurídicas, compras, contraloría interna y otras) y estas funciones o programas se centralizarán en una sola unidad o coordinación, dependiente de la secretaría relacionada con los asuntos en cuestión". Suena bien, habrá que ver en la práctica qué tan eficiente resulta. Sin embargo, lo más relevante será la centralización de las decisiones en la Oficina de la Presidencia.
A nivel internacional, y a medida que el ejercicio de gobierno se ha vuelto más complejo, se ha puesto mayor atención a los denominados centros de Gobierno -Oficina de la Presidencia en el caso de México- que tienen como objetivo coordinar las acciones de las distintas dependencias y resolver diferencias entre las mismas, mantener la coherencia en las políticas públicas, establecer claramente las prioridades del Ejecutivo federal y sobre todo asegurar que las cosas se den, es decir, que se cumplan los objetivos en el periodo establecido y que cada dependencia contribuya con su parte.
En cada país el centro de gobierno toma diferentes formas y estructuras jurídicas. En el caso de México, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal da al presidente de la República un amplio margen de acción para contar con las unidades de asesoría, apoyo técnico y coordinación que el propio Ejecutivo determine, dependiendo del estilo gerencial o la personalidad del presidente.
De acuerdo a lo anterior, cada titular del Ejecutivo ha decidido una organización distinta, por lo menos en los últimos cuatro sexenios, pasando de una secretaría de Estado denominada Secretaría de la Presidencia, hasta las oficinas de la Presidencia que actualmente conocemos.
En tiempos del presidente Carlos Salinas de Gortari, la Oficina de la Presidencia estaba encabezada por un jefe de la Oficina en el que se concentraban las tareas de coordinación, de asesoría y apoyo técnico. El presidente Ernesto Zedillo privilegió la organización de la Oficina a partir de gabinetes especializados, agropecuario, desarrollo social, económico, política interior, política exterior, salud, seguridad nacional y turismo.
Con el presidente Vicente Fox estas labores eran operadas a partir de tres oficinas: Innovación Gubernamental, Políticas Públicas, Planeación Estratégica y Desarrollo Regional; y tres gabinetes: Orden y Respeto, Crecimiento con Calidad, y Desarrollo Social y Humano. En el sexenio del presidente Calderón las actividades de coordinación eran operadas por la Coordinación de Gabinetes y Proyectos Especiales y la Coordinación de Asesores.
Finalmente, en el actual sexenio volvió la figura de la jefatura de la Oficina de la Presidencia, con una coordinación de asesores y una secretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional, de acuerdo al decreto de 2013.
Por lo que se percibe del estilo del virtual presidente electo, en la Oficina de la Presidencia se centralizarán muchas decisiones. Tradicionalmente hay discusión respecto de qué temas ameritan la decisión de los miembros del gabinete sin intervención directa de la Oficina de la Presidencia y cuáles son temas que deben discutirse y analizarse con la participación del presidente, de otros miembros del gabinete o de la propia Oficina de la Presidencia. En esta ocasión parecería que muchos asuntos deberán pasar por Palacio Nacional, disminuyendo las atribuciones y capacidad de decisión de los secretarios y titulares de dependencias.
Dos áreas muy fuertes, imagino, tendrá la Oficina de la Presidencia: la jefatura de Gabinete y la coordinación de Delegados Estatales.
Alfonso Romo, como jefe de Gabinete, será quien asuma las responsabilidades tradicionales de coordinación, asesoría y apoyo técnico de los centros de Gobierno. No será sencillo, las secretarías se pelearán por disponer de recursos para cumplir las promesas del candidato, existen diferencias de pensamiento entre los integrantes del gabinete y, a diferencia de lo que sucede en otros países, la Oficina de la Presidencia en nuestro país tiene una estructura institucional y jurídica débil. Alfonso Romo será jefe de Gabinete por decreto presidencial y por ello con capacidades limitadas, dado que muchas de las responsabilidades están asignadas por ley a los titulares del gabinete legal y ampliado.
Además de la jefatura de Gabinete, la coordinación de Delegados Estatales será una oficina con mucha influencia para decidir sobre los programas federales en las entidades federativas, que anteriormente eran materia de análisis entre los gobernadores y los secretarios de cada ramo, con mucha más información y capacidad, cabría suponer.
Sobre la jefatura de Gabinete habría que estudiar la posibilidad de llevar la figura de jefe de Gabinete a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para darle mayor fortaleza; sobre la coordinación de Delegados Estatales no puede considerarse sino un retroceso para los que pensamos que lo que nuestro país requiere es el fortalecimiento de los gobiernos locales.