El gobierno federal publicita que está haciendo ahorros para entregar de manera limpia la administración del país aunque por algunas dependencias le huyen a autorizar proyectos que implican el ejercicio de recursos fiscales que pudieran terminar en problemas jurídicos y prefieren presentar su renuncia antes de atarse al cuello una soga.
La sabiduría popular señala que cuando un gobierno federal llega a su último ciclo de ejercicio en el poder se inaugura "el año de Hidalgo" y usted sabe por qué.
Pero nunca antes había habido un año de Hidalgo con las características del vigente. Ahora ya existen funcionarios que se niegan a firmar autorizaciones para el ejercicio de recursos públicos bajo la incertidumbre de que serán ejercidos cabalmente, lo que le representaría al funcionario que puso "el ganchito" de autorización en probables y muy serios problemas legales.
Lo que le relato de manera muy breve se ajusta estrictamente a la verdad aunque es necesario no referir el nombre real del funcionario ni la dependencia a la que sirve... o... servía, ya que colocó debidamente su renuncia ante la presencia de circunstancias que consideró insostenibles.
Por varios años fue un funcionario relevante entre cuyas amplias facultades estaba autorizar proyectos que requieren el uso de recursos fiscales. Lo hizo sin reparo procurando garantizar la seriedad de los destinos finales de esos dineros.
Pero en fechas recientes, me dijo, se desataron fuerzas que propiciaron el surgimiento de proyectos que demandaban recursos fiscales que no parecían suficientemente sólidos como para confiar en ellos. No obstante me relató el funcionario, ahora exfuncionario, las presiones comenzaron a sentirse para turnar con cierta prisa solicitudes de recursos aunque no se hubiera realizado un análisis suficientemente sólido de los proyectos o de las instancias que serían beneficiarias, algo que debiera hacerse para evitar el desfalco del gobierno federal en esos tramos comprometidos.
La lógica que propició su renuncia rondaba por los siguientes razonamientos: los proyectos no parecen tan sólidos como el interés de que se ejerzan y autoricen a la brevedad posible. Si el funcionario accede a las solicitudes de "prontitud" se ejercerán con una fuerte posibilidad de que en el camino del ejercicio del proyecto algo funcione mal parcial o totalmente.
En esa posibilidad cercana será el siguiente gobierno federal quien tenga que valorar los resultados de lo que se ejerció en 2018 y con lupa sobre todo tratando de castigar severamente posibilidades de corrupción.
No faltará el auditor o el representante del órgano interno de control que suponga que ese proyecto que nunca fue debidamente ejercido fue en esencia autorizado por alguien que sabía de antemano que el proyecto no sería cabalmente desarrollado.
Y entonces vendrá una acusación bajo ese supuesto del que será complicado encontrar congruente defensa: no se conocerá quién estará en el órgano interno de control, no sabrá en qué sentido pudiera llegar una acusación y ni siquiera en qué archivero pudieran estar los papeles necesarios para encontrar una defensa.
Ante esta perspectiva probable el funcionario prefirió decir "con permiso" y dejar la administración pública federal y un salario que ahora parece muy lustroso pero que en pocos meses no será ni medianamente generoso como para cumplir la demanda de su familia.
Mala paga no alcanza ni para articular una defensa mediocre. Ido el servidor público ahora será otro funcionario encargado de "poner el ganchito de autorizado" sobre proyectos que no tienen ni pies ni cabezas.
Y me dice también que su caso por supuesto no es único.