Hace unos días la Secretaría de Hacienda dio a conocer sus estadísticas de finanzas públicas con las que se cerró 2017. Con bombo y platillo se anuncia que, después de casi 10 años, finalmente el gobierno federal alcanzó un superávit primario. Es decir, que ya no tuvo que endeudarse para pagar intereses de la deuda del país. No es poca cosa. Llevábamos años acarreando un déficit primario que estaba abultando la deuda del país, especialmente en este sexenio en que su monto pasó del 37 por ciento del PIB, en 2011, al 48.2, en 2016. Y ahora, se anuncia, se redujo a 46.5 por ciento del PIB en 2017. Sin duda es una buena noticia, pero lamentablemente no existen condiciones para que esa tendencia se mantenga, al menos en el corto plazo.
La mejoría en las finanzas públicas se logró, específicamente, gracias a que el gobierno federal echó mano de unos ingresos extraordinarios (que no se van a repetir en el corto plazo), del llamado remanente de operación del Banco de México. Es decir, de las "ganancias" cambiarias al vender dólares más caros por la depreciación del tipo de cambio, que el Banco había comprado a un precio más bajo años atrás. Este remanente fue de 322 mil millones de pesos, mientras que el superávit primario fue de 310 mil millones de pesos. Por tanto, de no ser por el uso del remanente no habríamos tenido superávit primario y seguiríamos endeudándonos para pagar los intereses de la deuda. Lo malo es que este remanente no existirá en 2018.
Por otra parte, en 2017 hubo una fuerte reducción de los ingresos fiscales: 3.7 por ciento en términos reales, tanto en ingresos petroleros como no petroleros. Esta reducción se acompañó, asimismo, de una reducción del gasto público para evitar un aumento del déficit que alertaría a los mercados y presionaría aún más la inflación y la depreciación del tipo de cambio. Dados los aumentos en los compromisos de la deuda externa, cuyo costo financiero ha aumentado año con año desde 2013, y del pago de pensiones que seguirá creciendo al menos hasta 2030 a razón de unos 80 mil millones de pesos anuales, lo que le queda al gobierno es reducir el gasto corriente y la inversión pública. Eso hizo en 2017: disminuyó el gasto corriente en 0.7 puntos del PIB, y la inversión pública en 1.0 por ciento del PIB. Es decir, el ajuste se va dando cada vez más en aquello que genera ingresos y empleos permanentes, y cada vez menos en el gasto de todos los días. Así no se puede.
Lo malo es que el gasto de todos los días se podrá reducir cada vez menos, sobre todo ante la perspectiva de que el gasto ineludible de las pensiones y del costo financiero de la deuda, en un ambiente de tipo de cambio más caro y tasas de interés más altas, seguirá aumentando en el futuro próximo. Por tanto, el único ajuste posible para evitar un déficit mayor será en la inversión pública, ya de por sí muy mermada. De hecho, en 2017 la inversión pública fue apenas mayor que los pagos por el costo financiero de la deuda. Todo apunta a que en 2018 la inversión pública continuará reduciéndose aún más y por tanto las perspectivas de crecimiento económico. Pagar espectaculares, pinta de bardas, acarreo de simpatizantes y compra del voto sólo alimentará el consumo y reducirá aún más la inversión. Agravado por la incertidumbre política y lo que suceda con la renegociación del TLCAN y Trump, 2018 es prácticamente un año perdido para la economía nacional. Y no estamos para perder un solo momento del bono demográfico que en pocos años se volverá un pagaré: pocos jóvenes que tendrán que mantener a muchos viejos.
Las finanzas públicas requieren una reestructuración total. Las prácticas de nuestros gobiernos sólo miran por el corto plazo. Recurren al endeudamiento para pagar lo de todos los días, incluso los intereses de la deuda. A nivel local el dispendio es aún más evidente. El año electoral lo hará todavía más visible. Va a continuar nuestra indignación cuando vemos que recursos escasos se utilizan para gasto inútil o poco productivo, cuando vemos que la corrupción continúa, cuando vemos que lo que menos buscan la clase política tradicional y los partidos políticos es el bienestar de la gente. Así, no se puede.