Ayer se cumplieron cuatro años de la tragedia de Ayotzinapa. Fue y sigue siendo una de las heridas profundas de este sexenio, que visibilizó la corrosión de nuestras instituciones, las complicidades de autoridades de baja, mediana y seguramente alta jerarquía con el crimen organizado. También dejó evidencia del involucramiento de mandos del Ejército y las policías local y estatal en el crimen. Desnudó también la incompetencia y manejo político de la procuración de justicia, sin importar la angustia, el dolor, la frustración de sus familiares y de millones de mexicanos a quienes les sigue doliendo la desaparición de estos jóvenes.
Y en el aniversario de la tragedia, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con los familiares de los jóvenes normalistas para escuchar de viva voz su tragedia y el viacrucis que ha significado la búsqueda de los cuerpos, su identificación y primordialmente encontrar justicia. El camino de este trayecto ha sido sinuoso, por decir lo menos: hemos transitado de la "verdad histórica" de la PGR de Murillo Karam al involucramiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que eventualmente fue casi despedido por las autoridades, la incredulidad de propios y extraños sobre las explicaciones oficiales del crimen, y un largo etcétera. El saldo es que sólo se ha identificado y encontrado a una víctima, se han detenido a decenas de personas por estos hechos, pero hasta la fecha ninguna ha sido sentenciada.
El ofrecimiento de AMLO a los familiares fue la creación de una comisión de la verdad, con o sin sentencia judicial, que esclarezca los hechos; un decreto el 1 de diciembre para que el gobierno coopere con la indagatoria plenamente y evite cualquier obstaculización, y permitir la participación de la ONU y el GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante asistencia técnica. El ofrecimiento es claro. Hará todo lo que esté en sus manos para llegar a la verdad y a la justicia, para que la impunidad que ha caracterizado este proceso quede detrás. Como mexicano, me sumo y respaldo ese ofrecimiento y espero genuinamente que se llegue hasta el fondo del asunto. El oprobio del gobierno de Enrique Peña Nieto es justamente no haber enfrentado cabalmente el crimen, haber evitado llegar a la verdad y por tanto haber eludido la procuración de justicia, dejando un manto de impunidad. Revertir esa política y llegar a resultados satisfactorios es la única manera de sanar esa profunda herida.
De la misma manera, como mexicano y como víctima de la enorme corrupción y agraviado por la impunidad rampante de la mayoría de los pillos que han expoliado al país, también espero que el nuevo gobierno haga todo lo que esté a su alcance para sanar esa otra herida que nos flagela y que tanto daño nos ha hecho. Me refiero a los casos de los gobernadores corruptos, delincuentes que han robado o cometido fraude en contra del patrimonio público, que han espiado ilegalmente a ciudadanos, que han corrompido a nuestras instituciones. Están pendientes innumerables casos, como el de Odebrecht, el de la Estafa Maestra, de innumerables 'moches' en todos los niveles, la compra de votos y de la voluntad de los más pobres. La corrupción ha sido evidenciada por la tragedia de los sismos, por la deuda oculta y los negocios vergonzantes detrás de los "PPS" y las concesiones de servicios públicos y carreteras en todo el país. Las licitaciones amañadas, los empresarios que se prestan a los ilícitos o que de plano participan del negocio, los creadores de empresas fantasma y los vendedores de facturas. Los casos abundan y quizás una media centena serían claramente emblemáticos. Otros, quizás de menos notoriedad pública, son también relevantes.
Así como ayer el presidente electo ofreció a los familiares de los normalistas desaparecidos todo el peso de la voluntad política para llegar a la justicia, también debe ofrecerle a todos los mexicanos que los agravios que millones hemos padecido por la corrupción rampante no se queden impunes para siempre. No puede ser que la justicia sea sólo para unos, que muchos sigan y se mantengan por encima de la ley, que el nuevo gobierno solamente voltee para el otro lado y diga "borrón y cuenta nueva". Eso no es aceptable, no es ético y no es lo que esperamos 120 millones de mexicanos.