El pasado sábado 8 de diciembre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con una votación de cuatro a tres, ratificó el triunfo de Martha Erika Alonso de Moreno Valle a la gubernatura de Puebla, y mañana tomará posesión. Ha sido una elección muy litigada y decepcionante. La sombra de la compra de votos y representantes de casilla y de partidos, la presunta alquimia del PREP local, los excesos de gasto de campaña no fiscalizados por el Instituto Nacional Electoral (INE) --como los cientos de "voluntarios" en las calles apoyando a la candidata triunfadora--, la complicidad del Instituto Estatal Electoral (IEE) en todos los pasos de la elección, incluida la custodia de los paquetes electorales, la violencia orquestada con la complicidad de las autoridades estatales y federales en el estado, el asesinato de varios candidatos a presidencias municipales, dejaron constancia y evidencia de la suciedad del proceso electoral para la gubernatura poblana.
Se pueden desprender algunas lecciones de esta experiencia que vale la pena notar.
1. Los sistemas de fiscalización del INE, si bien han mejorado, siguen siendo insuficientes para detectar los excesos en el gasto y su origen. El libro de Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar, Dinero bajo la mesa, muestra de dónde provienen los excesos. Un estudio semejante sobre el caso de Puebla será presentado a principios del próximo año por Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad (PCCI), en el que se mostrará que el caso poblano tuvo aún más variantes de corrupción que lo señalado a nivel nacional. Coincido en que ciertos delitos electorales deben ser penales.
2. Los institutos electorales estatales y del tribunal electoral del estado de Puebla, como seguramente debe ocurrir en otros estados del país, deben evitar ser cooptados por los partidos o por el Ejecutivo del estado, o próximamente por los superdelegados. Deben ser seleccionados con absoluta pulcritud y sin ligas políticas o dependencias manifiestas. Lamentablemente eso está lejos de ocurrir. Sólo debe revisarse la terna enviada por AMLO para reemplazar al ministro de la Corte José Ramón Cossío, pues quienes la conforman son personajes militantes de Morena en dos casos y el tercero observa cuestionamientos morales fundados.
3. La violencia en más de un ciento de casillas documentada en el caso de Sergio Mastretta Guzmán, un ciudadano que demandó por la pérdida violenta de su voto, y la impugnada por el candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa (quien sólo consideró la violencia en 59 casillas, cuando fueron más de 100 casillas violentadas), no fue estimada por los tribunales porque la violencia "no había sido generalizada". En la impugnación de Sergio se mostró que había habido un modus operandi común en los ataques, la complicidad de las autoridades, el uso de armas largas y heridos de bala en varios lugares de la ciudad de Puebla. Un estudio posterior de Alejandro Guillén, presentado también por PCCI, demostró que las acciones habían sido orquestadas con la complicidad del gobierno (ligado a la candidata Martha Erika Alonso de Moreno Valle). A pesar de que la Junta Local del INE en Puebla presentó al Consejo General un informe detallado de la violencia del 1 de julio, este no hizo nada al respecto, ni siquiera lo hizo público. Las autoridades nunca acudieron al llamado de auxilio y el gobernador Antonio Gali guardó un ominoso silencio. La FEPADE fue incapaz de procesar a dos detenidos in fraganti en los hechos. Tampoco ha respondido a ninguna de las denuncias que decenas de ciudadanos le presentaron por la violencia. No hay una sola investigación en la Fiscalía, no hay nadie detenido. En Puebla, las autoridades y los tribunales nos han dicho a los ciudadanos: la violencia es bienvenida siempre y cuando no ocurra en el 20 por ciento de las casillas. Así de lamentable. A ver quién va a querer ser funcionario de casilla si no hay seguridad física garantizada en la elección.
4. Los ciudadanos no importamos. El caso de Mastretta es revelador. Estás sufragando, violentan la casilla en la que te encuentras, demandas que te restituyan tu voto y la respuesta es: no tienes interés jurídico para impugnar. Sólo los partidos lo tienen (y en este caso no lo usaron bien, como muestra la sentencia del TEPJF en el fallido caso de Barbosa: su impugnación resultó muy débil). La clase política se vuelve a despachar con la cuchara grande.
Resultado: tenemos una gobernadora con muy poca legitimidad y sospechas fundadas de corrupción en el proceso electoral, una sensación de que la dirigencia de Morena negoció el estado por algo más, y la reiteración de que el interés de los ciudadanos está por debajo de los intereses de los partidos políticos. Así arrancaremos el nuevo gobierno en Puebla.