No va a ser nada fácil para el equipo económico de AMLO lograr conciliar las diversas ofertas hechas por el Presidente electo.
Una de ellas, sostenida desde la campaña y reiterada ahora en la transición, en público y en privado, es mantener el equilibrio de las finanzas públicas, lo que en términos cuantitativos significa mantener el superávit primario, que ayer le comentamos que asciende a 121 mil millones de pesos en el primer semestre del año.
Pero, al mismo tiempo ofreció reducir el IVA en la frontera al 8 por ciento y el ISR en esa zona a 20 por ciento.
Los cálculos iniciales del equipo de AMLO estimaban que el costo de bajar el IVA en la frontera sería del orden de 10 mil millones de pesos anuales.
La realidad es que la cifra es sustancialmente mayor. Cuando existía la tasa reducida (11 por ciento) antes de la reforma que entró en vigor en 2014, la estimación del Presupuesto de Gastos Fiscales era de 17 mil 144 millones de pesos, una cifra equivalente a .0959 por ciento del PIB.
Hoy ese porcentaje del PIB sería equivalente a 23 mil 858 millones de pesos, para una tasa de 11 por ciento.
Si en lugar del 11 por ciento que había consideramos el 8 por ciento propuesto, la recaudación perdida sería de 38 mil millones de pesos.
Pero, hay más.
A diferencia del esquema vigente hasta antes de 2014, el ISR que se pagaba en la zona fronteriza siempre era igual al del resto del país.
Si resulta que ahora sería de 20 por ciento, habría recursos adicionales que dejarían de percibirse.
Pero, quizás el impacto más preocupante sería de mediano plazo.
Si no hubiera restricciones, habría empresas que podrían trasladar su domicilio fiscal a la zona fronteriza para beneficiarse de un ISR 10 puntos por abajo del que pagarían en cualquier otra zona del país.
Un traslado de empresas a la frontera podría implicar una pérdida adicional de recursos tributarios.
En un contexto de una reducción del gasto público, tal vez se podría pensar que la caída de los ingresos tributarios podría acomodarse para impedir que el superávit primario se convierta en déficit.
Sin embargo, no hay una expectativa de reducción de gastos.
Hay la apuesta a que el gasto público que ya se realiza se vuelva más eficiente. Pero esa es sólo una apuesta, por ahora.
Sin embargo, hay la certeza de que habrá desembolsos adicionales derivados de la duplicación de la pensión para adultos mayores, del programa para jóvenes y de algunos otros más que podrían representar montos del orden de 140 a 150 mil millones de pesos anuales.
Y, además, está el proyecto de reconfiguración de refinerías y construcción de al menos una más, que podría implicar 150 mil millones de pesos en cuatro años.
Es decir, hay presiones de gasto. Hay reducciones sensibles de ingreso derivadas de la baja prometida de las tasas impositivas en la frontera, y hay el compromiso de no incrementar impuestos.
Tal vez la única forma de cuadrar las cuentas es reduciendo los huecos en los diversos impuestos, particularmente en el ISR (si no se quiere tocar el IVA). Por ejemplo, las deducciones, exenciones y regímenes especiales en el ISR empresarial suman 44 mil millones de pesos.
En el caso de las personas físicas, la suma de estos mismos conceptos alcanza 226 mil millones de pesos.
Pero, ¿habría la decisión de quitar estos huecos de la recaudación?
Seguiremos próximamente con el análisis.