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Ayer concluyó la sexta ronda de la renegociación del TLCAN.
La buena noticia es que las negociaciones no se colapsaron y que se anticipa una séptima ronda a realizarse del 26 febrero al 6 de marzo en la Ciudad de México. E incluso, ya se habla de una octava ronda que tendría efecto en Washington en abril.
La mala noticia es que no hubo avances en los temas sustanciales, en particular en el de la exigencia de Estados Unidos (EU) para modificar las reglas de origen en el sector del automóvil a 85 por ciento de exigencia de contenido regional, y específicamente un 50 por ciento de contenido estadounidense.
Sin embargo, más allá de las diferencias en los términos de las negociaciones, hay otras interrogantes que no han quedado claras y que determinarán el futuro de esta negociación.
El secretario de Economía señaló la semana pasada, en Davos, que "la gran oportunidad (para concluir la negociación) es entre marzo y el mes de junio porque tenemos varias limitaciones".
Guajardo hablaba claramente de las elecciones en México y de las de medio término en Estados Unidos.
La respuesta de Wilbur Ross, el secretario de Comercio de EU, fue que no había prisa: "es más importante tener un buen acuerdo, que alcanzarlo rápidamente", dijo.
Previamente, el propio Donald Trump había señalado que ante el panorama electoral en México había que tener una actitud flexible.
Las señales respecto a los plazos son muy contradictorias y diversas.
En diversos círculos empresariales mexicanos se ha planteado la necesidad de que las negociaciones continúen por lo menos hasta junio, con objeto de que no influyan en el proceso electoral de nuestro país.
Pero supongamos que se consiguiera un acuerdo básico en junio. La posibilidad de que se ratificara en México en el Senado dependería en gran medida del resultado de las elecciones, tanto la presidencial como la de senadores.
No sería imposible un cambio en el balance de fuerzas en el Senado mexicano y de partido en la presidencia de la República.
Y en el caso de Estados Unidos, es muy factible que aun si se llegara a un acuerdo, no se sometiera a ratificación en el Congreso hasta después de las elecciones de noviembre. Y también en Estados Unidos podría cambiar la composición de las cámaras.
En pocas palabras, no es nada improbable que si hay buenas noticias y el Tratado continúa, se logre la versión renegociada hasta el 2019.
Y en el caso de que haya malas noticias, y Estados Unidos salga del Tratado, entonces quizá la notificación se haría efectiva hasta el segundo semestre, también haciéndose efectiva hasta 2019 y teniendo aplicación práctica hasta bien entrado el próximo año.
Sea cual sea el panorama, el llamado plan B no puede desestimarse.
En realidad, se trata simplemente de definir cómo operaríamos en el comercio con Estados Unidos bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
No es un secreto que para sectores como el del automóvil ya hay casos en los que conviene funcionar bajo las reglas de la OMC y pagar el arancel correspondiente, con tal de tener más proveedores que no sean de la región de Norteamérica.
Hoy, un año y 10 días después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, muchas interrogantes siguen abiertas.
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