A partir del día de hoy, entra en vigor la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Sin embargo, se va a hacer efectiva con el año fiscal, es decir, a partir del 1 de enero de 2019.
La ley atiende a un hecho existente y visible: la percepción de que altos funcionarios públicos recibían remuneraciones excesivas, que no estaban justificadas.
La historia de esta ley es larga. Fue promovida por senadores del PRD y del PT en el año 2011, el penúltimo del sexenio de Felipe Calderón.
El 8 de noviembre de ese año se votó y recibió el respaldo de 95 senadores, ¡sin voto alguno en contra!
Sin embargo, tras recibirla, los diputados la metieron al congelador. Algunos piensan que de manera pactada con los propios senadores.
Así que, desde hace siete años esperaba el dictamen y votación de los diputados, que llegaron el pasado 13 de septiembre, también por una votación ampliamente mayoritaria, de 433 a favor, nueve en contra y una abstención.
La intención de la ley y de los planteamientos de AMLO no puede tener objeción. Se trata de evitar despilfarros y excesos, que se daban frecuentemente en el servicio público.
Sin embargo, la ley tiene un gran defecto: 'tira el agua sucia con todo y niño'.
La ley corregirá el problema de los pagos excesivos a los servidores públicos, pero creará otro problema fundamental: la fuga de talento del servicio público.
Bajo la lógica de la ley y de medidas propuestas, como el despido del 70 por ciento del personal de confianza del sector público, hay un diagnóstico que dice que los altos funcionarios públicos son en su mayoría corruptos y abusivos, ineptos y vividores.
La realidad es que no es así. Hay muchos altos funcionarios que son honestos, competentes y patriotas.
Los Estados fuertes y eficientes tienen una tecnocracia que perdura, que es independiente de los cambios de partido o de régimen.
En México, hay muchas oficinas en las que hay esa tecnocracia de alto nivel, a la que en buena medida se le va a invitar a salir del servicio público con una reducción salarial nominal que rondará el 40 a 50 por ciento.
De acuerdo con lo ofrecido por AMLO, su salario será de 108 mil pesos mensuales netos. Actualmente, los secretarios ganan 201 mil pesos, por lo que si ganaran 107 mil pesos (deben ganar menos que el presidente), requerirían una reducción de 47 por ciento y así para todos los puestos hasta directores de área inclusive.
Muchos de los funcionarios que tienen conocimientos y destrezas van a buscar opciones que los valoren, aunque tengan que abandonar su vocación de servicio público.
Quizás los primeros dos niveles puedan estar en sus puestos por el proyecto. En otros cargos probablemente, sin una recompensa económica adecuada, muchos van a saltar del barco.
Y, quienes van a llegar a reemplazarlos no serán necesariamente profesionales brillantes a quienes no les importa la remuneración. En muchos casos se tratará de personal de menor capacidad, que va a generar un servicio público más bien mediocre, que nos va a costar a todos.
El mismo propósito de AMLO pudo cumplirse haciendo una revisión cuidadosa de salarios, y ajustando.
Era un trabajo que debió hacerse con bisturí y se hizo con machete.