Ante el escenario político que tenemos enfrente, hay voces alarmistas que profetizan el fin del mundo y el de nuestro país, mientras que hay otras que en su afán de tranquilizar los ánimos, dicen que México no es Venezuela, y que contamos con instituciones fuertes. Afirman que de llegar a la presidencia un gobierno populachero, éste no va a poder cambiar las cosas a su antojo, ni dar marcha atrás a las Reformas Estructurales que con tanto esfuerzo se han logrado.
Los voceros de los candidatos no paran de repetir las frases tranquilizadoras: de que se va a respetar la autonomía del Banco de México, que las finanzas públicas se manejarán con responsabilidad, que no se va a volver a endeudar al país, y de que también se va a respetar la propiedad privada y el estado de derecho. Aunque de inmediato surgen voces de la misma corriente política que dicen todo lo contrario. La lucha entre halcones y palomas que se da al interior de cualquier ente u organización nos deja ver un adelanto de lo que podremos estar sufriendo durante los próximos seis años.
México es un país de leyes y de instituciones. Es cierto. Pero las mismas se suelen utilizar a la mexicana. Las leyes no se aplican. La PGR, el Trife, el INE, el Inegi, o la Auditoría Superior de la Federación son claros ejemplos de esto. De aquí que es necesario revisar con lupa lo que sucede en las mismas y tratar de corregir lo antes posible sus deficiencias estructurales para perfeccionarlas.
Hoy en día contamos con un banco central autónomo y con un gran prestigio internacional. Su Ley Orgánica le asigna un gran mandato principal, que es el de procurar la estabilidad de precios.
Pero siendo la estabilidad de precios su principal misión, no cuenta con todos los elementos para cumplir cabalmente su encomienda. El principal precio de nuestra economía es sin duda el precio del dólar. Pero en nuestro sistema de libre flotación hay un serio escollo: la Comisión de Cambios.
Este órgano colegiado, contemplado en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Banco, está conformado por seis miembros, de los cuales tres son de Banxico y tres son de Hacienda. Pero es presidido por el secretario de Hacienda, o en su defecto por el gobernador o en su ausencia por el subsecretario del Ramo, teniendo el voto de calidad. Además cualquier resolución debe de contar con el voto favorable de Hacienda.
Dentro de las muchas deficiencias que tiene nuestro modelo económico, estas superfacultades de la Secretaría de poder fijar a su antojo los principales precios de la economía han generado importantes distorsiones en los costos de producción y en los mercados que impiden que el modelo funcione correctamente.
El IMEF presentó recientemente un paquete de recomendaciones para mejorar nuestra economía, y dentro de ellas mencionó la reforma a la Comisión de Cambios. De inmediato recibió señales de desaprobación de la autoridad. Banxico es hoy un órgano con una extremidad amputada.
Antes, el principal proveedor de dólares a la economía era el gobierno, a través de las exportaciones de Pemex. Hoy en día Pemex es deficitario en su comercio exterior. Pero un dólar artificialmente bajo le puede ayudar a las finanzas públicas a aparentar un servicio de la deuda externa más barato al traducirlo a pesos, o un costo neto de la importación de hidrocarburos más bajo.
Si la Comisión de Cambios tuviera mayoría de miembros del Banxico en lugar de Hacienda, se tendría entonces un conflicto de interés al interior del Banco Central, advierten algunos. Banxico podría estar tentado a bajar el tipo de cambio artificialmente para bajar la inflación.
La solución es desaparecerla.
Esto permite un sistema de flotación verdaderamente libre y una autonomía efectiva para el Banco Central, y no una autonomía a la mexicana. Hay que pensar que en algunos años la nueva administración va a tomar en forma natural el control de la Junta de Gobierno, al nombrar a los vicegobernadores que sustituirán a los vigentes conforme terminen sus cargos, con la aprobación del Senado, que no sabemos que color va a tener. El Banco Central debe de ser el único responsable de la política cambiaria, y de la estabilidad de precios.