El presidente electo ha tomado una decisión política sin importar sus consecuencias económicas (el 'error de octubre'). Los costos involucrados en esta decisión son desproporcionados al beneficio político. Y de estos sólo hemos visto hasta ahora la punta del iceberg.
Que el gobierno federal va a tener que absorber una erogación de alrededor de 120 mil millones de pesos para pagar a los contratistas con los que se va a negociar, y a los tenedores de los bonos y de la Fibra E, que dos calificadoras hayan puesto en perspectiva negativa la calificación de la deuda soberana, que el valor de capitalización del mercado accionario haya bajado en 20 mil millones de dólares, que las tasas de interés hayan subido cerca de 100 puntos base y que el peso mexicano se haya devaluado 5 por ciento, parece que no es gran cosa.
Ya veremos dentro de algunos días las minusvalías que van a presentar en sus portafolios las Siefore, los fondos de inversión y las reservas de las compañías de seguros en donde se tiene cerca del 30 por ciento del PIB, y que afectarán directamente a más de 60 millones de ciudadanos en su patrimonio. Seguramente los defensores de esta decisión nos dirán que las minusvalías se pueden borrar con el paso del tiempo. Que son temporales, que no hay de que alarmarse.
Pero hay muchos más costos escondidos que todavía no vemos, y que pueden ser más permanentes, como por ejemplo: si los precios internacionales de los hidrocarburos se quedaran estables, con el aumento del precio del dólar, los precios en pesos de las gasolinas, del gas y las tarifas de la energía eléctrica tendrán que aumentar más irremediablemente. ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? Más inflación, y una mayor presión para que el Banco de México tenga que aumentar las ya de por sí muy altas tasas de interés.
Esto nos llevará también a un mayor gasto del gobierno en los intereses de la deuda interna y en la deuda externa. Un mayor costo del dinero nos llevará a un menor gasto de inversión tanto del sector privado como del sector público, y también a una menor disponibilidad de recursos para el consumo, un círculo vicioso de menor crecimiento.
El gobierno tendrá menos recursos para costear su gasto social. Y si se empeñan en no aumentar los precios de los energéticos más que en la inflación, se estará haciendo de nuevo un boquete en las finanzas públicas, lo que nos llevará tarde o temprano a la necesidad de aumentar los impuestos o a perder el grado de inversión, por parte de las calificadoras que hasta ahora han preferido esperar a ver cómo se van a conducir las finanzas públicas.
Hay que recordar que aún quedan cerca de 120 mil millones de dólares de tenencia de valores gubernamentales en manos de residentes extranjeros, la mayoría de esos recursos replican los portafolios modelo de Citigroup, BlackRock, JPMorgan y Goldman Sachs para mercados emergentes y nos mantienen ahí por el grado de inversión. Al perderlo, la venta masiva e instantánea de esos valores y la demanda para convertir esos pesos a dólares provocará una crisis de magnitudes considerables.
Independientemente a la multiplicación de los costos que implica el esquema alternativo de operar simultáneamente en varios aeropuertos del Valle de Anáhuac, que van a tener que trasladarse a los usuarios mediante un mucho más caro costo de los boletos, otro enorme riesgo de la decisión tomada se encuentra en el hecho de que la agencia MITRE difícilmente va a avalar la coexistencia de las pistas de Santa Lucía con los del actual aeropuerto Benito Juárez, lo que nos lleva a un escenario en el que las autoridades aeronáuticas de los Estados Unidos le prohíban a las aerolíneas americanas y a las propias transportar ciudadanos americanos desde y hacia la Ciudad de México. ¿Podríamos imaginar las consecuencias de esto?
No creo que todo este desbarajuste y el inmenso costo social que implica hacia el futuro esta decisión sea suficiente para justificar un mensaje innecesario de "Quién manda". Lo que ya nos quedó muy claro desde el mismo día de las elecciones. AMLO ganó por una muy amplia ventaja tanto la presidencia como varias gubernaturas estatales y con el casi absoluto control de las dos cámaras. Cancelar un negocito inmobiliario futuro en los terrenos del actual aeropuerto tampoco lo justifica. Nadie quiere ver a México como Venezuela. La pregunta obligada es ¿quién está asesorando a nuestro próximo presidente?