Bajar salarios
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Bajar salarios

11/10/2018
Actualización 11/10/2018 - 12:19

La necesidad de optimizar los gastos de gobierno se presentan como una demanda social, pero también como la señal urgente de una nueva administración que requiere asumirse frente a la sociedad como radicalmente diferente a las anteriores. Aumentar el gasto en inversión de infraestructura y reducirlo en gasto corriente exige no sólo de voluntad política y capacidad de resistir las presiones de la burocracia, sino de un análisis de costo-beneficio sobre aquellas áreas en donde es posible dejar de dilapidar recursos. Reducir salarios indiscriminadamente a partir del tope del denominado “salario del presidente”, sólo generará distorsiones graves en el trabajo diario de los servidores públicos.

Y es que el error radica en establecer una relación directa entre la máxima responsabilidad de gobernar, que recae en el Ejecutivo, y el ingreso que recibe por ello, y las funciones y salarios del resto de la administración pública, que tienen que ser por lo tanto proporcionalmente decrecientes. Esto aplica no únicamente para técnicos y especialistas, que por su cotización en el mercado sólo son posibles de contratar con salarios más altos que el del presidente, sino también para determinado nivel de burocracia que no está dispuesta a sacrificar su ingreso y que puede obtener mejores condiciones laborales en el sector privado.

La única lógica política que puede explicar este fenómeno desde la perspectiva de las intenciones del nuevo gobierno, es la de pretender deshacerse de buena parte de una burocracia profesional con la intención de introducir nuevos cuadros con distinta formación académica y lealtades diferentes a las ahora existentes. Pero esta especie de purga administrativa puede generar un caos en el funcionamiento cotidiano de las dependencias públicas, provocando mayores niveles de corrupción y una reducción significativa de la eficiencia en el trabajo.

Recortar el gasto corriente a rajatabla sin tomar en cuenta consideraciones de eficacia laboral, puede significar en el corto plazo un golpe a la enorme popularidad con la que arrancará el gobierno de Morena a partir de diciembre. Y es que si toda burocracia genera por sí misma trámites innecesarios para justificar su trabajo, por lo que es necesario contenerla en su inercia funcional, el fenómeno se potencializa al momento en que la falta de conocimientos básicos del empleado se combina con un bajo salario, que lo obliga a buscar recursos extralegales, produciendo corrupción y entorpecimiento de los servicios al público.

Esto le sucedió ya una vez a López Obrador cuando se encontraba al mando del Gobierno capitalino, y en donde cuadros profesionales huyeron al ámbito federal y privado al reducírseles significativamente sus ingresos, lo que ocasionó problemas de funcionamiento diario y corrupción en toda la línea. Por eso es indispensable racionalizar el gasto sin convertir a la administración pública en un refugio de incapaces y corruptos, lo que va en contra del propio proyecto de gobierno que pretende ser diferente de aquellos que dilapidaron recursos y se enriquecieron a costa de la ciudadanía.

Todavía están a tiempo para contener la verborrea populista que anuncia un gobierno de eficiencia sin el pago de salarios de mercado. Hay que buscar la reducción de los costos operativos en otro lado, donde el dispendio y el lujo no tienen cabida, pero jamás apostar por una administración sana y eficaz que trabaje por supuestos ideales de cambio, sin recibir un pago adecuado por su trabajo. Eso es demagogia y falta de contacto con la realidad.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.