Ezra Shabot

Consultar y gobernar

Normalmente la división profunda sobre algo que modificaría la vida cotidiana de los habitantes de una zona o país, impulsa la realización de consultas.

La realización de una consulta o referéndum en un régimen democrático se produce cuando temas locales extremadamente específicos, o por el contrario de enorme trascendencia a nivel nacional, rebasan los límites de las atribuciones de gobernantes en sus respectivas jurisdicciones. Es difícil delimitar hasta qué punto determinados asuntos forman parte de la agenda de los órganos Ejecutivo o Legislativo, y en qué momento esto debe pasar a una votación directa por parte de la ciudadanía, dentro o fuera de un proceso electoral para escoger autoridades de distintos niveles de gobierno.

Normalmente la división profunda sobre algo que modificaría la vida cotidiana de los habitantes de una zona o país, impulsa la realización de este tipo de consulta: el derecho al aborto y su despenalización, la utilización de recursos públicos para una u otra obra, la afectación a determinados pobladores en sus propiedades y forma de vida por la realización de una obra pública. En México, la realización de consultas públicas está legislada de forma tal que concurren tanto el Poder Legislativo como el Judicial, así como el Instituto Nacional Electoral para darle validez a este ejercicio democrático.

Querer llevar el tema del Aeropuerto Internacional de México a consulta, rompe la normatividad jurídica en la materia, tanto por los tiempos para realizarla, como por la temática donde no se discute la utilización o no de recursos públicos, sino si es mejor hacerlo en Texcoco o en Santa Lucía, lo que es una decisión no sólo técnica y de costos económicos, sino de política pública y responsabilidad de uno u otro gobierno. ¿Por qué el aeropuerto va a consulta y el Tren Maya no? Por la sencilla razón de que el primero requiere de una legitimación que va en línea contraria a lo ofrecido en campaña, y el segundo es decisión del nuevo gobierno, que posee la fuerza de un electorado de 30 millones de personas.

Parafraseando a Daniel Cosío Villegas en este retorno al siglo pasado, el estilo personal de gobernar de López Obrador nos regresa a la necesidad de interpretar el lenguaje esotérico de los gobernantes del priismo hegemónico, donde cada expresión del primer mandatario era motivo de discusión sobre lo que pretendía expresar en realidad y hacia quién iban dirigidos los mensajes cifrados. Lo mismo en la relación entre los funcionarios cercanos a Andrés Manuel, quienes se disputan la posibilidad de ser aquellos a los que escuche y en función de los cuales tome las decisiones trascendentales para el país.

Consultar y gobernar tiene un significado muy peculiar para un presidente que posee el poder de controlar el Congreso en su totalidad, e incluso modificar la Constitución a su gusto. Las limitantes se circunscriben a topes de carácter económico interno y externo, y a la necesidad de evitar que el ejercicio de gobierno desgaste de manera inmediata el capital político construido en el proceso electoral. Abusar de consultas carentes de sustento legal y fuera de una lógica política congruente con la materia a preguntar a la ciudadanía, sólo devaluará el propio ejercicio del poder que debe asumir con argumentos y decisión ante una sociedad que espera del nuevo gobierno soluciones efectivas y prontas.

En esta reversa histórica, cuyo objetivo es romper en lo posible el paradigma neoliberal y simultáneamente beneficiarse de sus innegables logros, las contradicciones entre las formas democráticas y la tentación autoritaria generan enormes confusiones, como aquellas presentes entre la necesidad de gobernar y la de consultar, cuando es obvio que el objetivo es garantizar el mayor apoyo posible a la decisión de un solo hombre. De eso se trata

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