Con el alza de la tasa de interés en Estados Unidos y las presiones inflacionarias internas, la economía mexicana entra en una fase de difícil acceso a los capitales internacionales, fenómeno que afecta ya también a otros mercados emergentes. Se acabó la época del dinero fácil producto de la política expansiva llevada a cabo como medida extraordinaria para salir de la recesión mundial 2008-2009. En este escenario no queda espacio alguno para proyectos de crecimiento que no garanticen un rendimiento seguro y positivo, en una lucha a muerte por conseguir los escasos recursos provenientes de los mercados de capitales dispuestos a arriesgarse en países cuya economía no tiene la solidez de los grandes.
Por ello la reforma energética, o proyectos como el del Aeropuerto Internacional de México, se alzan como oportunidades de oro para atraer el escaso dinero de los grandes fondos de riesgo. La habilidad para hacer coincidir el interés nacional con el de los grandes capitales, es la única forma que generará competitividad en un mundo donde los excesos y las malas prácticas se castigan con el abandono y el retiro inmediato de aquellos capitales que hoy aparecen y desaparecen en un segundo gracias al desarrollo tecnológico.
Por eso es que lanzar consignas de cancelación de las licitaciones petroleras y echar a andar propuestas de programas sociales sin contar con los recursos reales para hacerlas realidad, sólo genera demandas sociales imposibles de satisfacer y manda la señal de que no será posible mantener la estabilidad macroeconómica a pesar del compromiso de hacerlo por parte del propio López Obrador. La posibilidad de verse rebasados por los compromisos adquiridos es real. Ni Echeverría ni López Portillo querían terminar su sexenio en la quiebra económica, pero su convicción de que el poder político era capaz de controlar las variables macroeconómicas, los llevó a abstraerse de la realidad y conducir al país a la bancarrota.
Esa visión voluntarista de la historia y la política hace que para el momento en que el presidente se ve derrotado por la imposibilidad de concretar sus promesas, el remolino del caos económico ya se ha cobrado la cuenta y por ello el mandatario busca chivos expiatorios de su propio fracaso. Lo hicieron Echeverría y López Portillo arremetiendo contra empresarios y opositores, expropiando la banca y negándose a asumir su culpabilidad por el desastre.
Es por ello que ante un nuevo gobierno en donde el Ejecutivo y el Legislativo son uno solo, y el Judicial un poder que duda sobre su capacidad de resistir las presiones, instituciones autónomas como el Banco de México se presentan como diques indispensables para evitar otra catástrofe. El mandato para el Banco Central es el de mantener la inflación controlada independientemente de los vaivenes políticos. Si el secretario de Hacienda no puede contener las demandas de la administración pública en su conjunto, cuya ejecución ocasionaría un déficit inmanejable, Banxico se presenta como la última muralla para evitar que la imprudencia y la ambición de poder lleven al traste más de dos décadas de estabilidad, cuyos logros son indiscutibles independientemente de las enormes carencias producto de un crecimiento económico insuficiente.
Mantener la autonomía del Banco, así como la dirección del mismo en manos de profesionales calificados, como su actual gobernador Alejandro Díaz de León, es un asunto de seguridad nacional, más allá de la discusión sobre salarios y jubilaciones. Intentar responsabilizar a esta institución de una posible crisis económica, es pretender repetir la argumentación falaz que sostuvieron los Echeverría-López Portillo con respecto a la responsabilidad por el fracaso de su apuesta económica. Más vale no intentar aventuras de este tipo en los próximos seis años.