Después del debate del domingo pasado, la lucha por alcanzar la presidencia de la República se centra en convencer a la ciudadanía de qué personaje es el idóneo para instrumentar la agenda de cambio que es demandada por la sociedad. En primer término se trata de la figura que sea vista como capaz de gobernar y generar certeza y seguridad. Por ello en el debate las baterías de los contendientes se enfocaron en López Obrador, no sólo por su calidad de puntero, sino porque representa un proyecto totalmente opuesto al de los demás candidatos. No se trata sólo de cuestionar su honestidad o sus propiedades o su pasado como gobernante, sino su compromiso con un proyecto de país que él mismo considera debe ser radicalmente distinto al actual.
Por ello la actuación de un parlamentario como Ricardo Anaya, que logró golpear y defenderse de manera simultánea, en el entendido de que se trata de una apuesta de cambio que no implica ruptura con el modelo económico actual, aunque sí con la administración peñista y con su candidato José Antonio Meade. Un Meade preciso y didáctico, que sobrevivió al debate aunque sin proyectarse como el candidato capaz de desbancar a Andrés Manuel, al menos en el espacio propio del debate mismo.
La andanada contra López Obrador se vio interrumpida por un diálogo ríspido entre Meade y Anaya, que parece responder más a un tema personal por traiciones, ajustes de cuentas y ofensas no resueltas, que a una disputa entre opciones partidarias que podrían llegar a conciliar en aras de un interés superior, que es el de garantizar el rumbo económico que sí ha permitido el crecimiento del país en aquellas regiones donde la modernidad se ha instaurado como elemento permanente de desarrollo, en sentido contrario con el sur del territorio nacional, atado a una economía de subsistencia, cacicazgos y atraso histórico.
Los mercados y las corredurías han cuestionado la viabilidad de la propuesta económica de López Obrador, básicamente porque las cifras no cuadran. El cálculo del supuesto ahorro por combate a la corrupción no alcanza para financiar una propuesta de aumento de gasto público, donde el margen de maniobra sigue siendo bajo dados los recursos asignados en educación, seguridad y pensiones. Sin elevar la recaudación fiscal no hay forma de seguir manteniendo finanzas públicas sanas y reducir el endeudamiento.
Las explicaciones dadas por el equipo económico de Andrés Manuel intentando conciliar la demanda empresarial de un compromiso con el libre mercado, certeza jurídica y números positivos en las arcas nacionales, con su proyecto de reconversión económica total, no son creíbles por una sencilla razón: las dicen los voceros de AMLO, pero nunca el candidato mismo, quien no está dispuesto a concesiones previas de ningún tipo, por lo cual utiliza a sus segundos de abordo, los cuales hacen esfuerzos inútiles por mostrar una cara diferente a la de su candidato.
Para Anaya y Meade el tiempo corre de manera tal que habrá que establecer decisiones claras en unas cuantas semanas. Si los priistas creen que Andrés Manuel los va a proteger una vez que llegue al poder, podrían pensar en una alianza que iría en contra de todo lo que construyeron en el sexenio en materia de reformas estructurales. Por otro lado, si el encono entre Anaya y Meade consigue ser superado y la operación de gobernadores priistas, panistas y perredistas confluye en un solo candidato, podríamos ver un acuerdo similar al Pacto por México, donde la gran apuesta fue la modernización del país más allá de las diferencias políticas y personales que en ocasiones terminan por descarrilar el tren de la historia, o al menos dirigirlo en sentido contrario a los intereses de la mayoría.