"Los morenistas están obligados a recibir un gobierno en las mejores condiciones posibles". Con la finalización del conteo en las elecciones de presidente, diputados y senadores, se perfila una mayoría absoluta para el próximo primer mandatario, quien incluso podría alcanzar fácilmente las alianzas necesarias en caso de que quisiera realizar reformas constitucionales, en virtud de tener, además, el control de los congresos locales indispensables para ello. La llamada 'luna de miel' existente en este momento entre López Obrador y el resto de la clase política mexicana es producto de la necesidad de transitar de manera ordenada durante estos cinco meses, en los que dos fuerzas políticas comparten un poder que requiere ser transferido de manera tal que uno no dañe al otro.
Los priistas de Peña Nieto requieren de garantías para abandonar su administración de forma que no se conviertan en futuros responsables de abusos de poder o corrupción en medio de la recomposición del nuevo régimen, mientras que los morenistas y López Obrador están obligados a recibir un gobierno en las mejores condiciones posibles para poder ejercer el mando a partir del 1 de diciembre con la fuerza total que el poder ciudadano les otorgó. Es por ello que incluso los distintos voceros de Morena y el propio Andrés Manuel hablan del segundo año de gobierno, cuando estén en posibilidades de manejar un presupuesto propio, ya sin las ataduras de la actual transición.
El lenguaje conciliador del momento, que ha llevado a los más acérrimos críticos de AMLO y su proyecto a acercarse de manera a veces irreconocible al nuevo mandatario, responde no sólo a un intento de establecer un diálogo entre antiguos adversarios, sino principalmente a tantear hasta dónde las modificaciones legales que la nueva administración tenga intención de realizar, afectarían intereses concretos de empresarios de distinto signo y burocracias anteriormente ligadas al priismo en extinción. La concentración del poder político en el presidente de la República, con el control total de Congreso, le va a permitir a Andrés Manuel recuperar el mando ante los gobernadores, quienes desde 1997, con los gobiernos divididos, se habían convertido en los beneficiarios del Presupuesto sin la necesidad de rendir cuentas.
Este fenómeno de centralización real de política y economía le puede otorgar al Ejecutivo recursos adicionales a utilizar a costa de los gobernadores, quienes tendrán que buscar ingresos dentro de sus respectivas entidades para cubrir sus necesidades de gobierno, cuando antes contaban con sus diputados y senadores como gestores de grandes partidas a utilizar indiscriminadamente. Esto, que puede ser visto como un elemento positivo, tiene el riesgo de provocar una concentración de dinero y poder similar a la que tuvieron los presidentes durante la época de la hegemonía priista, y que generaba necesidades de gasto público cada vez más difíciles de contener.
Es por ello que resulta indispensable que instancias como el Banco de México y la propia Secretaría de Hacienda se mantengan como diques ante un giro en las prioridades de un nuevo gobierno, que está en pleno derecho de reorientar el gasto y obtener recursos adicionales, siempre y cuando esto no conduzca al incremento de las necesidades financieras de una administración que, en determinado momento, se vea rebasada por la inercia de sus compromisos y la falta de contrapesos que la nueva realidad política nos presenta.
Es difícil suponer que un poder absoluto, como el surgido de la elección del 1 de julio, pueda autocontenerse e intentar conciliar posiciones cuando no tiene necesidad alguna de hacerlo, al menos durante los próximos tres años. Sólo una visión de Estado capaz de prever las consecuencias negativas que tendría, para su propio futuro y el del país, el intentar soluciones basadas en recursos inexistentes, podría evitar la catástrofe económica derivada de un nuevo presidencialismo sin límites.