Todo régimen presidencialista requiere de la presencia de un Congreso bicameral y un Poder Judicial independiente, cuya función es servir de mecanismo de contención a un Poder Ejecutivo con atribuciones legales y extralegales que le dan la posibilidad de tomar decisiones en función de un criterio propio, con amplias facultades para instrumentar políticas a su propio gusto. La democracia presidencialista, mucho menos representativa que la parlamentaria, pero más operativa y menos tortuosa en el proceso legislativo que esta última, está obligada llegar a acuerdos en el Congreso para hacer gobernable la República.
Durante las dos administraciones panistas, la de Fox y la de Calderón, fue imposible lograr esa mayoría en las cámaras, lo que paralizó en gran medida los cambios que el país requería. Presidentes débiles, Congreso fragmentado y sin incentivos ni capacidad de pactar las grandes reformas, terminaron por dispersar el poder en los gobernadores, quienes en su mayoría dilapidaron recursos, saquearon el erario público y gobernaron como auténticos autócratas en el marco de la democracia federal.
El Pacto por México fue la primera experiencia positiva de un gobierno democrático que pudo construir mayorías parlamentarias para transformar de fondo la economía y buena parte del andamiaje jurídico del Estado mexicano. Mayoría coyuntural para un presidente priista con costos políticos para todos sus participantes, pero en beneficio del país en el corto y mediano plazos. La existencia de una mayoría parlamentaria con el partido o la coalición del presidente triunfador, no necesariamente representa una amenaza para el equilibrio de poderes en una democracia institucionalizada.
Un demócrata con amplio apoyo en las cámaras seguirá respetando a las minorías y los principios básicos de un Estado de derecho, sabiendo claramente que en el siguiente proceso electoral esa mayoría puede desaparecer si los abusos y el mal gobierno llevan al electorado a cambiar de opinión respecto a gobernante en turno. Es el caso de Emmanuel Macron, quien teniendo amplio apoyo parlamentario sigue teniendo que negociar las reformas con otros factores de poder en el marco de la democracia francesa. El problema radica en el ascenso al poder de liderazgos autoritarios, donde los diques de contención son indispensables para evitar que su elección, con amplio apoyo popular, se convierta en una dictadura unipersonal avalada por un Congreso con mayoría del partido del presidente y sumiso ante él, al viejo estilo del PRI hegemónico del siglo pasado.
La propuesta que realiza Enrique Krauze, en el sentido de pugnar por un Congreso sin mayoría automática para el presidente, se sostiene en el caso de que se construya un bloque parlamentario excluyente, incapaz de considerar a las otras fuerzas políticas, y más que nada sometido a la voluntad de un presidente dispuesto a intentar reconstruir la presidencia imperial, tan precisamente descrita por el historiador. Ese es el verdadero riesgo y el temor de un retroceso en el proceso democratizador del país. Las instituciones que funcionan con normas y leyes propias de un régimen democrático son capaces de procesar decisiones con Congresos divididos o con mayorías de uno o varios partidos.
Pero cuando el presidente considera que la mayoría en el Congreso le da la autoridad para convertirse en un dictador legal y legítimo, es ahí donde nos enfrentamos a la perversión de la democracia, como sucede en Rusia o Venezuela, donde los autócratas se disfrazan de representantes del pueblo y hacen de las instituciones y las mayorías una gran mentira para esconder la tiranía y el poder unipersonal. Ese es el peligro.