El clima de incertidumbre que vive el país a raíz de la cancelación del aeropuerto de Texcoco ha provocado un choque directo entre el poder económico y el político, representado por Morena y López Obrador, del cual nadie puede considerarse sorprendido. El candidato en campaña aseguró a sus seguidores que iba a cancelar el proyecto aeroportuario, al mismo tiempo que hizo el mismo compromiso con la Coparmex en el sentido opuesto. La lógica política de beneficio inmediato llevó al presidente electo a dejar en segundo plano a los empresarios y complacer a sus aliados políticos y económicos encabezados por Riobóo.
Ante la aplanadora electoral en que se convirtió Morena a consecuencia de la irresponsabilidad de priistas y panistas en la conducción de sus respectivas campañas presidenciales, la oposición política ha dejado de tener un papel significativo en la toma de decisiones a nivel nacional. Quienes han asumido este papel son los organismos empresariales, e involuntariamente las calificadoras internacionales, las cuales han hecho sonar las alarmas ante lo que consideran proyectos económicos inviables e incompatibles con la estabilidad económica.
Y es que los cuentos de una consulta hecha a modo para justificar una elección decidida a priori, no sirven ante la matemática simple que demuestra que no es posible reducir impuestos en la frontera norte, condonar arbitrariamente deudas de la CFE, entre otros actos de gracia, y simultáneamente expandir el gasto público para un tren, una refinería y muchos programas sociales, sin que esto ocasione un déficit en las finanzas públicas.
30 millones de votos dan la legitimidad para hacer casi todo, al menos durante los primeros años de gobierno. Sin embargo, hay ciertas variables que no responden a los deseos de un presidente popular. Ni los cálculos de ahorro por una supuesta disminución de la corrupción ni la reducción irracional de salarios son suficientes para garantizar un crecimiento sano y una transformación del tamaño prometido por el nuevo presidente de México.
López Obrador pudo derrotar a un aparato político de gran calado, tanto por su tenacidad y su lectura correcta de las señales que le fueron enviando sus adversarios, como por los errores propios de los Peña Nieto, Meade y Anaya, quienes, entre otros, se encargaron de brindarle a Andrés Manuel todas las oportunidades para demoler el sistema político mexicano en su conjunto. Reformular las reglas del juego del poder en nuestro país es, en el fondo, el proyecto de AMLO para los próximos seis años. Ese es el objetivo y en función de ello actúa.
Sin embargo, el error de fondo es la desconexión entre la ambición política y las limitantes económicas. Pretender regresar al pasado nacionalista mexicano, para desde ahí corregir los errores de corrupción y abuso del poder de entonces, es simplemente desconocer las nuevas variables que interactúan en el escenario mundial. Los movimientos de capital y la fuerza de los mercados pueden echar por la borda no solamente a la cuarta transformación, sino todo lo obtenido a través de décadas de modernización en el odiado neoliberalismo económico.
Si no existe alguien que haga comprender al nuevo primer mandatario las limitantes propias del siglo XXI, más allá de frases llenas de adjetivos y descalificaciones, tendremos que enfrentarnos necesariamente al sometimiento del poder político por un poder económico que, desde la caída del Muro de Berlín, no ha perdido ninguna batalla frente a propuestas políticas basadas en supuestos falsos, o delirios de grandeza de caudillos sin límite alguno.
Si de lo que se trata es de cambiar la forma de gobernar y de resolver las enormes carencias de la mayoría de los mexicanos, deberían comenzar por el simple ejercicio de aprender a sumar y restar con la precisión necesaria para evitar desatar las fuerzas económicas, que siempre terminan por destruir lo que no tiene un sustento. El fracaso del nuevo régimen puede ser el de millones de pobladores de este país.