La democracia, además de ser el sistema que nos permite elegir a nuestros gobernantes, hace posible que los ciudadanos participemos en la vida pública: con el voto, pero también ejerciendo el control sobre los gobernantes, evitando sus excesos y promoviendo iniciativas de ley.
En nuestros días parece que hemos olvidado que la esencia de la democracia es la libertad. Garantiza que todos podamos expresarnos, opinar, criticar, proponer cambios, señalar injusticias; también –o debe hacerlo– la libertad de tránsito, asociación, creencias, comercio y de orientación sexual. La democracia no garantiza la felicidad o la igualdad, la abundancia o la desaparición de la injusticia; garantiza un espacio de libertad para que los ciudadanos podamos realizar estos anhelos.
Vicente Fox pasará a la historia no por haber sacado al PRI de Los Pinos, sino por haber desperdiciado la oportunidad de desmantelar el sistema antidemocrático. En vez de promover la libertad sindical se alió con Elba Esther Gordillo y Romero Deschamps: fortaleció el corporativismo. En vez de favorecer la libertad de expresión pactó con Televisa a cambio de publicidad positiva para 'la pareja presidencial'. Felipe Calderón no pudo o no quiso debatir alternativas liberales para terminar con el narcotráfico, prefirió disfrazarse de militar y atizar un combate sangriento que hasta hoy no parece tener fin.
Ninguno de los presidentes de la alternancia –Fox, Calderón y Peña– se caracterizó por favorecer la participación ciudadana en los asuntos públicos. Ninguno buscó darle más espacios de libertad a los ciudadanos: Calderón utilizó a la PGR para impugnar legalmente varias conquistas de la sociedad civil.
Ahora tenemos que preguntarnos cuál de los candidatos que compiten por la presidencia puede garantizar las libertades adquiridas y propiciar mayores espacios de libertad. ¿Cuál de los candidatos –al llegar a la presidencia– permitirá una mayor colaboración de la sociedad en los asuntos públicos?
Un ejemplo entre muchos. En días pasados más de 200 organizaciones de la sociedad civil, académicas y empresariales, anunciaron el lanzamiento de la iniciativa #Reforma102, cuyo propósito es construir "una Fiscalía independiente, autónoma y eficaz: una Fiscalía ajena a la lógica político-partidista". Como primer paso se convocó a los aspirantes a la presidencia a firmar su adhesión a esta iniciativa, y más: se les solicitó que influyeran en las bancadas de los partidos que los postulan para que, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, apoyen el acogimiento de esta iniciativa en el actual periodo de sesiones. No en la próxima legislatura ni con otro presidente: aquí y ahora. El primero en abrazar la iniciativa ciudadana fue Ricardo Anaya. Poco después se manifestó a favor José Antonio Meade. El que no ha dicho una sola palabra es Andrés Manuel López Obrador. Peor aún: propuso recientemente una terna de candidatos a ocupar el cargo de fiscal general (tres personas muy cercanas a él), pasando por alto el principio de independencia del que debe gozar el fiscal en relación al titular del Ejecutivo. No sólo no ha mostrado alguna señal de estar dispuesto a promover la autonomía de la Fiscalía General, sino que ha dado muestras de que quiere un fiscal a modo, supeditado al presidente.
La energía desatada en el 2000 por la alternancia no se utilizó para desmontar el sistema autoritario y ampliar las vías de participación de los ciudadanos. Los efectos de ello saltan a la vista: los ciudadanos no se sienten representados, en general desprecian a la clase política, el nivel de aprobación de la democracia es el más bajo del continente. Vivimos en una democracia secuestrada. El IFE nació como un instituto autónomo dirigido por ciudadanos. Hoy el INE está controlado por los partidos. Una diferencia sustancial.
¿Cuál de los candidatos, de llegar al poder, sería capaz de devolver a la sociedad el impulso democrático perdido? ¿Quién de ellos abriría mayores espacios de participación ciudadana; quién el que garantizaría las libertades conquistadas? Si nos atenemos a la forma en que fueron electos los candidatos, los tres saldrían reprobados. ¿Acaso López Obrador –que prohíbe en su partido la crítica a la dirigencia, que va a poner a consulta los derechos conquistados por los habitantes de la Ciudad de México, que fustiga a sus críticos a través del Twitter– es quien puede ampliar nuestras libertades? Lo dudo. De Anaya es difícil opinar porque no se sabe nada, o muy poco: no ha presentado su plataforma, no sabemos quién lo acompañaría a gobernar, las pocas entrevistas que ha dado permiten ver su buena memoria pero no su personalidad. Meade, como el mítico Pípila, lleva a cuestas la pesada losa de un partido intolerante y corrupto.
La elección es difícil. Pero tenemos que elegir. En lo personal no he decidido mi voto. Lo elegiré en función de quién ofrece mayores espacios de participación ciudadana y por aquel que ofrezca ampliar y garantizar las libertades. Por aquel que yo crea que defenderá la libertad.