En cualquier otro país, en uno más democrático que el nuestro, un reportaje como el de La estafa maestra habría puesto a tambalear a un gobierno y, en época electoral, dejado fuera de la contienda a su candidato.
Más allá de la precisa descripción de determinados hechos delictivos, La estafa maestra (Temas de hoy, 2018) lo que revela es la existencia de un modus operandi. Que once secretarías replicaran el mismo mecanismo de corrupción señala –y eso no se comenta en el libro que contiene el reportaje– la existencia de un coordinador general de toda la operación, cuyo fin último fue el de inyectarle recursos al partido en el gobierno en tiempos electorales. Esa coordinación general, con ese fin, no pudo venir sino de la Presidencia de la República.
Recapitulemos en lo que el reportaje de La estafa maestra nos muestra. Tres periodistas: Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel Ureste, asesorados por Daniel Moreno, revisan los resultados del informe de la Auditoría Superior de la Federación de 2013 y 14 y encuentran "un enredado y gigantesco mecanismo, en el que participaban más de una decena de dependencias públicas y (que) movía miles de millones de pesos". Sólo revisan dos años: 2013 y 14, un hilo de la enorme madeja. La corrupción hecha sistema.
Funcionarios federales entregan dinero a las universidades públicas para que lleven a cabo determinados servicios. Pero estas universidades, que cobran una jugosa tajada por su labor de intermediación, subcontratan para realizar eso servicios a empresas "fantasma": entidades de papel, oficinas vacías o casas en los cinturones de miseria en varias ciudades de México. Las obras, claro, no se hacen y "el dinero desaparece".
En varias de ellas participó, aun indirectamente, José Antonio Meade, candidato del PRI a la Presidencia. La Auditoría Superior de la Federación señaló el modus operandi. El siguiente paso lógico era que la PGR continuara la investigación, señalara a los responsables y los entregara a la justicia. Los reporteros ya hicieron gran parte de esa labor: le pusieron "nombre y apellido a los funcionarios involucrados y (pudieron) fijar el monto final del fraude en más de siete mil millones de pesos, sólo en esos dos años". Dinero que nunca llegó a decenas de miles de hombres y mujeres en extrema pobreza (porque el dinero lo desvío, entre otras dependencias, la Sedesol) ni a los campesinos más necesitados ni a los niños que toman clases en escuelas en pésimo estado ni a los migrantes, etcétera. Ese dinero que no llegó a los más pobres del país, se quedó una parte en las universidades involucradas, otra en manos de los operadores de esas empresas fantasma, otra en las campañas políticas en curso y otra directamente con los funcionarios de las secretarías cómplices.
Daniel Moreno apunta en el prólogo de La estafa maestra un dato de la consultora Integralia: en año de elecciones aumenta significativamente el flujo de efectivo. En parte por el gasto de los partidos, pero sobre todo por el dinero negro que ingresa a las campañas, en especial a la campaña del PRI.
El aceite que lubrica y permite que el mecanismo funcione es la impunidad. Todos los integrantes de la cadena se sienten protegidos porque saben que se origina en la punta de la pirámide, inmune a represalias. La Auditoría Superior de la Federación ha presentado 873 denuncias, en sus diecisiete años de existencia, de las cuales apenas 10 terminaron con un funcionario sometido a juicio. Ninguno fue condenado. A la vista de estos resultados, diseñar estos mecanismos de corrupción se antoja un negocio muy rentable al amparo del poder.
De nada sirve que José Antonio Meade se presente como un candidato honesto cuando formó parte de los mecanismos de encubrimiento y corrupción. Su pasado lo condena. López Obrador ofrece, por el contrario, cambiar las reglas, romper desde arriba la cadena de corrupción. Lo cual no está mal, el problema comienza cuando muestra desdén por los mecanismos institucionales, como los del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, cuando da primacía a la idea de que su ejemplo probó permear todas las instituciones y que "si el presidente no roba los demás dejarán de robar". Ricardo Anaya se ha comprometido a promover la iniciativa para una Fiscalía realmente autónoma que garantice el equilibrio institucional y no sólo opere por voluntarismo.
La impunidad es el sello distintivo del sistema. El candidato que muestre cómo va a desarmar ese monstruo –método, acciones, fórmulas de compensación, nuevas leyes, autoría y sanciones– tendrá mi agradecido voto.