En las postrimerías de la Revolución Mexicana, la pugna política se resolvía a balazos. Los caudillos de la lucha armada buscaron sus espacios de poder tras el derrocamiento del antiguo régimen mediante levantamientos, traiciones y ejecuciones de los opositores, denominador común en la pretendida democracia posporfiriana.
A cien años de la culminación de la primera revolución del siglo XX, el México bronco parece reeditarse, como si se tuviera melancolía por la violencia de aquella época. En el ambiente actual, de gran efervescencia, se entrecruzan la inseguridad ciudadana, el crimen organizado, la corrupción, el activismo político y el desencanto social.
La incipiente democracia mexicana nuevamente se tiñe de magenta, acentúa su fragilidad y reivindica su inmadurez. La amenaza y el asesinato, como solución definitiva, resurgen como medios de la dinámica electoral, sea que provengan de grupos delictivos, de adversarios políticos o de la colusión de ambos.
La violencia, producto de la insensatez y la ambición, trascenderá el proceso en curso. Quienes se erijan como vencedores tras el 1 de julio deberán lidiar con los enconos generados, la hostilidad y el resabio, amén de los compromisos que pudieran haberse adquirido, en los distintos órdenes, en sus afanes de poder.
Hacer de la delincuencia un aliado no puede augurar otra cosa que inestabilidad y una irreversible escalada criminal, en donde los valores democráticos sean secuestrados y la institucionalidad minada en sus fundamentos.
Democracia y violencia son antítesis en una sociedad que se pretende moderna. El crimen, en cualquiera de sus expresiones, como recurso político, es la negación de la civilidad, armonía y convivencia social, que son sustento de progreso y bienestar.
Recuperar la legalidad y marginar el encono es reclamo absoluto de la sociedad presente y sustento de la futura.