Contracorriente

Un México incluyente

No es que haya que corregir la pertinencia de las leyes y el funcionamiento de políticas y programas, sino que hay que cambiar su diseño y propósitos.

Ayer se presentó en El Colegio de México el libro México próspero, equitativo e incluyente: Construyendo Futuros 2024-2030, obra colectiva, en su mayoría a cargo de asociados al Centro Tepoztlán, A.C., que actualmente preside la doctora Susana Chacón.

El libro tiene la peculiaridad de que los cuarenta y cuatro autores que analizan la coyuntura del país desde diferentes temáticas, identifican los retos que en cada ámbito inciden en la evolución política, económica, social, tecnológica y de seguridad y, se les pidió que para cada desafío propusieran políticas con una visión de desarrollo justo y equitativo, sin descuidar el contexto internacional en el que México debe tener una presencia destacada.

Desde su fundación, hace más de cuarenta años, por iniciativa del eminente economista que fue Víctor L. Urquidi, el Centro Tepoztlán se ha distinguido como un ámbito de reflexión plural, sin haber asumido nunca, como institución, una posición política o partidista; pensar en los problemas y soluciones de México ha sido el propósito.

De esa pluralidad sin compromiso ideológico institucional, resulta la plena libertad de que cada asociado piense como mejor le permitan su experiencia e ideología.

De ahí que los 44 ensayos que componen el libro de marras reflejen diferencias de enfoques de una misma temática, que grosso modo se pueden considerar debidas a que parten de premisas diferentes; aunque los diagnósticos y las propuestas resultantes tienen diferencias, también son complementarias en aspectos importantes.

Es el caso de la temática sobre la compleja coyuntura política de 2024; algunas colaboraciones parten de la premisa de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha desarticulado el orden jurídico e institucional con graves riesgos para la democracia; se argumenta la importancia de la autonomía de los órganos electorales y de la soberanía de los tres poderes, el famoso equilibrio republicano del constitucionalismo, ideado como contrapeso del Poder Ejecutivo.

Evitar el abuso de poder político por parte de quienes lo detentan se considera el objetivo esencial del andamiaje democrático, lo que da pie a la crítica al gobierno de López Obrador por, según se argumenta, hacer un ejercicio arbitrario del poder que desafía continuamente las normas constitucionales.

Ninguno de los ensayos hace proselitismo en favor de una u otra candidata en la contienda electoral, sino a favor de determinadas políticas, como la de construir una política constitucional de Estado para asegurar el cumplimiento del derecho.

Otra perspectiva de análisis consiste en considerar que el orden jurídico e institucional que nos rige está pensado, diseñado y operado para favorecer a élites económicas que han ejercido enorme influencia política en su favor, y que así las cosas, las posibilidades de alcanzar un México próspero, equitativo e incluyente son lejanas.

Desde las reformas neoliberales a la Constitución hasta las políticas y programas de gobierno han propiciado durante décadas la desigualdad de oportunidades que se convierte en marginación y miseria para millones de personas y un lastre para el progreso del país.

No es que haya que corregir la pertinencia de leyes y el funcionamiento de políticas y programas, sino que hay que cambiar su diseño y propósitos.

Desde esa premisa se entiende mejor lo que López Obrador se ha propuesto lograr al violentar y alterar todo lo que ha podido el orden jurídico e institucional, cuidando de hacerlo en paz, sin violencia política.

Ha logrado relativamente poco; entre las transformaciones de mayor importancia que están pendientes, destaca la del Poder Judicial, en el que se ocultan causas cruciales de la inseguridad pública y de la impunidad criminal.

Como sea, entre errores de procedimientos y algunos excesos en detrimento de servicios socialmente sensibles, la realidad y los mercados le van dando la razón a las premisas de transformación de la 4T. No es menor el significado político del informe que ayer publicó EL FINANCIERO sobre el nivel sin precedentes que alcanzó la inversión productiva, pública y privada en 2023, que fue 24.4 por ciento como proporción del PIB. No se tiene un registro semejante del pasado.

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