El secretario de Estado del gobierno de Trump, Mike Pompeo, vino a darle a conocer a Andrés Manuel López Obrador lo que se espera de su inminente presidencia de México; lo acompañaron el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen y Jared Kushner, asesor.
Pompeo se regresó como portador de una propuesta de entendimiento de AMLO, dirigida a Trump, para establecer la nueva relación bilateral, la cual fue preparada antes del encuentro.
Se advierte el cambio de sentido: no es Washington el único que plantea al inicio del nuevo gobierno mexicano lo que espera de él, sino que el virtual presidente electo también planteó una visión integral de un nuevo trato, que relaciona aspectos de economía, desarrollo, migración y seguridad.
El contenido del documento se dará a conocer cuando le haya llegado a Trump; reaccionará vía Twitter, o quizá le hagan entender la importancia de una nueva relación con un gobierno de México diferente.
De los cuatro temas, los tres primeros tienen que ver con desarrollo; el cuarto, con detener cuanto antes la descomposición social, la violencia, la condición de país ensangrentado y dolido por la muerte de cientos de miles de jóvenes y la desaparición de más de 30 mil mexicanos durante los sexenios de Calderón y de Peña Nieto.
La propuesta de López Obrador enviada a Trump adelanta -según declaró Marcelo Ebrard, el próximo canciller- que México modificará su estrategia de combate al crimen organizado; es decir, que no continuará la que prioriza la visión estadounidense, interesada en el control y administración del narcotráfico -no en su real combate-, y en el atajo de migrantes centroamericanos y mexicanos en su frontera sur, o de terroristas.
La prioridad del futuro gobierno de México en materia de seguridad, según declaraciones de quienes estarán al frente de esa tarea, es pacificar al país, bajar la tensión social que causa la inseguridad y la desconfianza, y hacer justicia a las víctimas.
Olga Sánchez Cordero, la siguiente secretaria de Gobernación, habla de emprender un proceso de "justicia transicional" hacia la restauración institucional del Estado, necesaria para restaurar también el Estado de derecho.
Esa justicia transicional, según la ha explicado Sánchez Cordero, comprende múltiples aspectos, uno de los cuales es la amnistía, que en México y en el mundo se ha aplicado repetidamente ante adversarios políticos, rebeldes armados y también a favor de empresarios ligados al lavado de dinero y a narcotraficantes.
No es el indulto que se concede a individuos condenados por la justicia, sino un recurso de aplicación grupal para resolver situaciones de confrontación violenta cuando se han desatado y son demasiado costosas para los involucrados, y ninguna de las partes tiene posibilidad de un triunfo contundente.
Es el caso de la guerra que involucra al Ejército y la Armada de México contra operadores de un negocio cuyas cabezas son transnacionales y nacionales con poder político y financiero, a las que habría que procesar.
Es obvio que hay diferencias entre amnistiar a opositores políticos, a rebeldes guerrilleros o a narcotraficantes. Por cierto, Estados Unidos negocia con aquellos que le dan información útil para resolver casos mayores.
El futuro gobierno de México tendrá que ser muy cuidadoso en la definición del universo de destinatarios y tipos de casos en los que se aplicaría la ley de amnistía que le proponga al Congreso, que es el que tendrá la última palabra.
Lo que ya debería ser motivo de consenso en México es que el Estado tiene que seguir sus propias prioridades en materia de seguridad pública, y con base en ese planteamiento, redefinir los vínculos de cooperación con el gobierno estadounidense.
Los mexicanos no podemos seguir acostumbrándonos a este baño de sangre que erosiona nuestras instituciones, comunidades, familias y calidad humana.