Si el Producto Interno Bruto crece durante 30 años -aunque sea raquíticamente- y la participación de los salarios en la riqueza producida disminuye en el mismo periodo, la inequidad -término sinónimo de injusticia- es evidente.
Es precisamente lo que ha ocurrido en México, donde la participación de las remuneraciones salariales en el PIB ha disminuido de cerca del 40 por ciento que era en 1976 a 26 por ciento en 2013, mientras que el PIB creció 129.71 por ciento en esos mismos 37 años.
Esa inequidad quiere decir que los empleados y trabajadores asalariados no están recibiendo las remuneraciones que corresponden a su aportación a la producción de bienes y servicios del país.
Quiere decir que la productividad laboral se ha logrado en parte con la pérdida de la masa salarial y del poder adquisitivo de los salarios.
En una economía eficiente, la productividad del trabajo se eleva mediante innovaciones tecnológicas y mejoras organizativas empresariales, con apoyo en infraestructura pública eficiente.
La inequidad entre los factores de la producción es la principal causa de la muy desigual distribución de la riqueza y del ingreso en nuestro país.
En la identificación del problema está la mitad de la solución. Buena parte de la otra mitad es que los salarios dejen de ser el elemento clave de la competitividad en la economía globalizada.
Por si hiciera falta la aclaración, equidad no lleva a la igualdad absoluta; lo que hace falta es atemperar las desigualdades extremas que traban el desarrollo de México, y para eso sí es necesaria una mayor equidad entre los factores de la producción.
Lograr que los salarios tengan una participación mucho más equitativa en el PIB, es uno de los propósitos declarados del próximo gobierno.
Gerardo Esquivel, futuro subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, explicó que "un objetivo que se tiene planteado es que 2019 sea el primer año en el cual el salario mínimo real exceda la línea de bienestar mínimo, […] y para finales de la administración será tasado al doble". (El Financiero 08/08/2018)
Un gobierno populista caería en la tentación de decretar aumentos parejos a los salarios mínimos.
El tema requiere definiciones de política cruciales; una que se ha enunciado -sin más detalle- es el cambio de estrategia de desarrollo consistente en sustentarlo, primordialmente, en el mercado interno, que sería fortalecido con empleos de calidad mejor remunerados.
Otra es la democracia efectiva en las bases sociales, como las agrupaciones obreras. López Obrador ha reiterado que su gobierno no intervendrá en la vida interna de los sindicatos y que dejará que elijan democrática y libremente a sus representantes.
La representación genuina de los trabajadores llevaría a que se transparente la relación entre productividad y salarios en cada rama económica y en cada empresa, según sus peculiaridades.
Implicaría acabar con el control corporativo de los trabajadores a cargo de líderes venales, para que cada agrupación obrera negociara las mejoras de organización y productividad de la empresa, y las remuneraciones que correspondan a tales mejoras.
Esas ideas no son extrañas al empresariado, que ha insistido en que las mejoras salariales deben relacionarse con mejoras en la productividad laboral.
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