Pacificar a México haría historia
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Pacificar a México haría historia

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Pacificar a México haría historia

12/07/2018
Actualización 12/07/2018 - 12:00

Mañana se reunirá Andrés Manuel López Obrador y colaboradores con una muy importante delegación del gobierno de Trump, con quien hay motivos profundos de desencuentro. El de seguridad y combate al narcotráfico es uno de ellos.

Encabezada por el secretario de Estado, Mike Pompeo, la delegación incluye al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen y Jared Kushner, asesor y yerno. El encuentro será en la que fue la casa de campaña del presidente electo. Todos los temas que se tratarán son de primera importancia; TLCAN, migración, seguridad y combate a organizaciones criminales trasnacionales y al tráfico de drogas.

Las posiciones del gobierno de Peña Nieto ante el de Trump han sido dóciles en migración, seguridad y combate al narcotráfico; López Obrador ha manifestado criterios con los que abordaría esos temas, que son francamente contrarios a lo que ha prevalecido.

La amnistía es uno de ellos. A los oídos protofascistas del actual gobierno estadounidense, la propuesta probablemente le suene como intento de un acuerdo del gobierno mexicano con los narcotraficantes para que sigan operando.

No va por ahí, aunque sí, espero, por el inaplazable cambio de la estrategia, no sólo fallida y costosísima en vidas de jóvenes mexicanos, sino corrosiva de la tranquilidad pública y obstáculo insalvable para la restauración de la cohesión social, que será imposible mientras el Estado no contenga este nivel de violencia que desató Felipe Calderón.

En el interés de México es imperativo apartarse de la política de seguridad impuesta hace dos sexenios por Estados Unidos para cuidar su frontera de terroristas, criminales y migrantes mexicanos y centroamericanos, con el agravante de que todos son considerados iguales por Trump.

El plan de seguridad del equipo de López Obrador incluye 10 ejes, uno de los cuales es una ley de amnistía, para cuya elaboración se iniciarán consultas a familiares y víctimas de la violencia, migrantes, expertos y organizaciones nacionales e internacionales en derechos humanos.

Tal ley sería reglamentaria del artículo 73, fracción 23 de la Constitución que nos rige, el cual faculta al Congreso para conceder la amnistía, siempre que se apegue a convenciones y tratados internacionales y se respeten los derechos de las víctimas.

La amnistía es un recurso que contemplan y han practicado numerosos países y organizaciones como la ONU. No es el indulto que se concede a condenados por la justicia, sino un recurso complementario para evitar situaciones de confrontación violenta, para resolverlas cuando se han desatado y son demasiado costosas para los involucrados, y cuando ninguna de las partes tiene posibilidad de un triunfo contundente.

Es el caso de la guerra que involucra al Ejército y la Armada de México contra operadores de un negocio que se controla desde altas esferas de poder político y financiero transnacionales y nacionales, a las que no las toca el fuego cruzado de las armas nacionales, ni criminales, ni la justicia penal.

La amnistía es una decisión legislativa que muchos países han utilizado para alcanzar la gobernabilidad en paz; se aplicó en España para olvidar los crímenes del franquismo y no socavar su democratización, y en Colombia, donde la amnistía a los rebeldes contempla su participación política, lo que ha aminorado la violencia.

El efecto de un plan contra la violencia que tiene como eje la justicia y la cohesión social es gradual, pero es la única solución verdadera, que el próximo gobierno tendrá que hacer valer si pretende hacer historia.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.