No sabemos quiénes están detrás del ataque violento de un grupo de "porros" a la manifestación pacífica de los estudiantes del plantel Azcapotzalco del CCH, el pasado 3 de septiembre, que dejó varios heridos, dos de ellos de gravedad, Emilio Aguilar Sánchez y Joel Meza García. Lo que sí sabemos es que fue un acto de provocación, con la clara intención política de generar un conflicto en la UNAM y alimentar la irritación que existe por los problemas de violencia e inseguridad que aquejan a todo el país, pero que se han expresado con crudeza en las instalaciones e inmediaciones de la Universidad.
Las autoridades universitarias deben velar porque haya condiciones de protección interna para la comunidad, pero son las fuerzas de seguridad de los gobiernos local y federal las encargadas para perseguir los delitos y dar garantías de que no hay impunidad. Hay que insistir en ello, la autonomía no es sinónimo de territorio al margen de la ley y la UNAM carece de facultades legales para ejercer la fuerza coactiva, por ello requiere de la acción y colaboración del Estado.
La protesta estudiantil surgió de una deficiente administración escolar en el plantel Azcapotzalco del CCH, que impidió que se asignaran adecuadamente grupos y horarios para los estudiantes; es decir, era un problema focalizado. La renuncia de la directora del plantel y que el director general del CCH asumiera temporalmente el cargo no fueron suficientes para calmar la inconformidad estudiantil, que se manifestó en el mitin pacífico frente a la Rectoría, al que se infiltró un grupo agresor con palos y armas punzocortantes que hirió a estudiantes indefensos. Fue un acto de provocación premeditado que buscaba generar repudio entre los manifestantes y que el enojo escalara para convertirse en un conflicto de toda la UNAM. La pregunta pertinente es a quiénes beneficiaría esta provocación, pues está claro que sí daña al rector, a las funciones académicas de la Universidad y a su solvencia moral y pública.
Mientras dos días después de la agresión miles de estudiantes se manifestaban en orden en el campus central y el rector Graue presentaba denuncias penales, dictaba expulsiones provisionales de alumnos posiblemente involucrados, suspendía temporalmente al titular de Auxilio UNAM e instruía a la Comisión de Seguridad del Consejo Universitario a allegarse de información, la PGR se deslindaba de su responsabilidad de hacer indagatorias y devolvía las carpetas de investigación a la Procuraduría capitalina.
Esta renuncia a dar atención diligente al caso por parte de la PGR no terminó ahí, pues días después la PGJ de la Ciudad de México liberó a Erik "N", alias El Lucas, y Joel "N" alias El Carter, a quienes la Policía Federal había detenido por haber participado en los ataques a los estudiantes del CCH. Los altos funcionarios capitalinos explicaron que las detenciones no habían sido en flagrancia, ni existían acusaciones en su contra, pero que los mantendría como testigos porque tenían información relevante para ubicar a los responsables. La inmediata liberación de los dos presuntos culpables bien informados llevó a que la UNAM y la CNDH llamaran a las autoridades encargadas a no abandonar o retrasar el caso.
No es la primera vez que las autoridades públicas se pasan la responsabilidad de unas a otras para no salir en apoyo de la UNAM. El problema ha sido siempre que su falta de legitimidad y la desconfianza ciudadana en las policías y ministerios públicos ha hecho que actúen de manera velada, sin dar la cara y ser objeto de escrutinio público.
El momento de transición que vivimos, en el que las autoridades en funciones están de salida y las próximas aún no asumen formalmente el puesto, es propicio para que no sepamos quién está a cargo, ni quienes pueden beneficiarse con el conflicto. Esperemos que el nuevo gobierno con su fuerte respaldo popular asuma cabalmente sus responsabilidades en la persecución de los delincuentes en las universidades públicas y autónomas.