Hacia el primer debate, ¿algo más que acusaciones mutuas?
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Hacia el primer debate, ¿algo más que acusaciones mutuas?

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Hacia el primer debate, ¿algo más que acusaciones mutuas?

16/04/2018
Actualización 16/04/2018 - 12:33

A dos semanas del arranque de las campañas electorales hay grandes expectativas sobre el primer debate entre candidatos presidenciales, el próximo 22 de abril, pero la pregunta obligada es si podemos esperar algo más que acusaciones mutuas. ¿Será posible que se aproveche el espacio para inyectar cierta racionalidad a la confrontación, poniendo énfasis en la oferta política concreta de cada contendiente; es decir, en propuestas de políticas públicas específicas como compromisos de gobierno?

Sin duda las novedades en el formato para los debates, con una participación más activa de los moderadores, los harán menos acartonados, quizá más ágiles y esperamos que obliguen a que haya mayor sustancia. Empero, el contexto político tan crispado y litigioso que vivimos poco ayuda para que los debates sean algo más que agrias descalificaciones entre los contendientes; y ahora con la incorporación de Jaime Rodríguez, El Bronco, seguramente también estarán plagados de insultos y palabras altisonantes que sólo abonan a seguir enlodando el ambiente político.

Hoy en día es común que los asesores de campañas aconsejen a los candidatos que para ganar votos lo que hay que hacer es apelar a las emociones y hasta a las pasiones; es decir, parecería que hay que renunciar a tener debates con propuestas concretas sobre los grandes problemas que nos aquejan para que los ciudadanos ejerzamos un voto informado y razonado. Las plataformas electorales y los programas de gobierno que coaliciones y candidatos están obligados a registrar ante el INE deberían ser la materia prima para contar con debates de altura, que presenten diagnósticos y compromisos bien armados, a fin de superar el tradicional intercambio de declaraciones más o menos encendidas.

Al revisar uno de los temas del primer debate, como es el combate a la corrupción, en las cuatro plataformas existentes al momento está claro que es una constante, aunque más declarativa que sustantiva. Todas las plataformas subrayan la necesidad de frenar el robo a las arcas públicas y los sobornos en compras y contrataciones para atacar la impunidad y fortalecer nuestro débil Estado de derecho, pero sólo lo hacen de manera genérica. Todos hablan de fomentar el respeto cabal a las leyes y de impulsar la participación ciudadana, pero hay un déficit de propuestas puntuales sobre cómo lograrlo.

Mientras que la coalición Juntos Haremos Historia, de López Obrador, plantea que para atacar a la corrupción hay que tener un gobierno con estricta austeridad republicana que reduzca en 30 por ciento la estructura de mando, Todos por México, de José Antonio Meade, propone fortalecer al INAI y las áreas de información del gobierno, así como rediseñar el servicio civil de carrera. Por México al Frente, de Ricardo Anaya, sostiene que hay que fortalecer el SNA y revisar el régimen de responsabilidades de los funcionarios públicos, y en el mismo sentido se pronuncia Margarita Zavala al ofrecer impulsar el SNA y crear la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en el marco de un gobierno de valores. La oferta concreta que comparten todos, salvo AMLO, es la eliminación del fuero para los altos funcionarios públicos que, por cierto, es una iniciativa que ya está discutiéndose en el Congreso, aunque no con la profundidad que requiere el asunto, sino más como reacción al clamor social que existe de castigar a los corruptos.

En suma, las plataformas electorales contienen posicionamientos generales, casi siempre políticamente correctos, pero no están enmarcados en una concepción integral sobre el estado que guarda nuestro débil Estado democrático de derecho, o con ideas detalladas sobre cómo fortalecer nuestra frágil institucionalidad política. Ello dificulta hacer un contraste puntual entre las plataformas, pero sobre todo contar con elementos suficientes para animar un debate de contenidos.

Las plataformas electorales han sido tradicionalmente un mero requisito para registrar una candidatura y no un documento central con los compromisos de partidos y candidatos que sirva de insumo para los debates políticos, pero sobre todo de referente claro para que los ciudadanos elevemos nuestro nivel de exigencia sobre el desempeño del próximo gobierno. Buena parte de la culpa es nuestra, de los ciudadanos, por dejarnos guiar por el ruido mediático e ignorar las plataformas y programas de gobierno.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.