Nos hemos tardado mucho tiempo en reconocer, aunque sea en el discurso, que la discriminación es una conducta moralmente indebida y socialmente reprobable, que está en la raíz de buena parte de los problemas más graves que nos aquejan, como la desigualdad, la pobreza y los déficits en el ejercicio de los derechos fundamentales.
Apenas hoy, las personas afirman que es inaceptable que los hombres le peguen a las mujeres o que se maltrate a los niños, pero sigue habiendo resistencias enormes a reconocer los mismos derechos para todas las personas, y estamos cargados de prejuicios fincados en estereotipos superficiales como la apariencia y el modo de vestir de las personas. Así lo muestra la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (Enadis), que levantó el INEGI con la colaboración de Conapred, la CNDH y la UNAM.
La discriminación es un acto de desprecio y exclusión que obstaculiza el ejercicio de los derechos humanos y sociales que están reconocidos por nuestra Constitución. En el último año, una de cada cinco personas experimentó un acto de discriminación, y en los últimos cinco años, 19.9 millones de personas fueron víctimas de tales actos, aunque sólo uno de cada 10 lo denunció, porque considera que es una pérdida de tiempo (51.7 por ciento), o porque no saben cómo hacerlo (24.1 por ciento) o porque no tiene importancia (12.3 por ciento). Es decir, la discriminación está viva, pero carece de centralidad en la agenda pública y no existen mecanismos institucionales eficaces para atender y atacar los casos de discriminación.
Son diversas las percepciones sobre actos de discriminación, pero están muy extendidas ya que los padecen 59.9 por ciento de los discapacitados, 62 de las trabajadoras del hogar, 65.5 por ciento de las personas de habla indígena o de los homosexuales y 71.9 de los transexuales. Además, la Enadis permite visualizar cómo se acumulan las desventajas sociales que afectan a las personas que pertenecen a grupos sociales que han sido histórica y sistemáticamente discriminado; por ejemplo, una mujer, indígena, trabajadora del hogar y de religión diferente a la católica, va sumando niveles de rechazo y obstáculos en el acceso al ejercicio de diversos derechos y libertades.
Uno de los datos más contundentes de la Encuesta es el relativo a la permisividad que persiste respecto de la discriminación. Hay una gran tolerancia hacia prácticas discriminatorias, ya que el 46.3 por ciento de la población justifica que no se acepte la diversidad sexual y 35.5 por ciento aprueba que no se permitan prácticas y tradiciones culturales o religiosas diferentes, y los ámbitos en los que más frecuentemente se experimentan los actos de discriminación es en los cotidianos, como la calle, el transporte público o en los servicios médicos.
Una de las grandes innovaciones de la Enadis 2017 es que no sólo mide percepciones y actitudes, sino que analiza la discriminación estructural; es decir, los impactos que tiene sobre el acceso a la educación, los servicios médicos o el mercado de trabajo, a partir de comparar las brechas que existen en el acceso a bienes y servicios o en el ejercicio de derechos entre la población en general y los grupos que sufren de discriminación. Así, es posible detectar limitaciones estructurales que afectan mayormente a grupos sociales discriminados, como por ejemplo en el ámbito educativo, donde si bien sólo el tres por ciento de la población total entre 15 y 59 años no sabe leer y escribir, en personas con alguna discapacidad el analfabetismo se eleva al 20.9 por ciento y en habitantes de lengua indígena alcanza el 13.3. Además, en personas que suman discapacidad con hablar una lengua indígena y habitar en una localidad de menos de 15 mil habitantes, el analfabetismo crece al 36 por ciento. Más aún, los obstáculos en el plano educativo se trasladan al laboral e impactan también en la atención a la salud.
Solemos pensar que la discriminación es un fenómeno aislado y que es sólo un problema de actitudes individuales de unas personas hacia otras, pero la Enadis 2017 demuestra cómo existe un círculo perverso entre discriminación, desigualdad y pobreza que milita en contra del reconocimiento básico a la dignidad de cualquier persona.
Es indispensable que haya una difusión y discusión amplia sobre los resultados de esta Encuesta Nacional, no sólo para darle mayor visibilidad a esta forma de violencia social que es la discriminación, sino para alentar una mayor conciencia de sus efectos perniciosos sobre nuestra obligación de trabajar a favor de una sociedad más justa y democrática.