No cabe duda que la legitimidad del Presidente electo es el mayor activo del gobierno en transición. Todas sus propuestas están sustentadas en su gran autoridad política y moral más que en pruebas y datos duros, o en consideraciones técnicas, y para muestra un botón, el NAIM.
Pero, ¿puede la legitimidad ser justificación para no transparentar cómo se administra el equipo que respalda a AMLO?, es decir, para saber cuánto gasta, en qué rubros y quiénes los ejercen y deben responsabilizarse al respecto de esta fase, que va desde el pasado 9 de agosto hasta el 30 de noviembre.
Es cierto que no existe legislación alguna que regule la figura de gobierno en transición, porque no es un ente gubernamental o público, que lo convierta en sujeto obligado de transparencia. ¿Podemos considerarlo una instancia privada, sin responsabilidad pública frente a la población en su conjunto? Hay que recordar que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 reservó 150 millones de pesos del Ramo 23 para que el equipo de transición contara con recursos para cubrir los gastos de oficina, para facilitar la preparación del futuro gobierno. Al ser este dinero público, está sujeto a todos los requisitos de fiscalización y transparencia y, por tanto, habrá de ser puntualmente auditado en la Cuenta Pública de este año.
Hasta la fecha, no sabemos si el equipo de transición utilizará estos recursos públicos presupuestados, pero en caso contrario, ¿de dónde proviene el dinero para el funcionamiento del gobierno en transición, cómo se administra y a quién rinde cuentas? ¿Son aportaciones voluntarias del propio equipo de AMLO? ¿Se pagan con las prerrogativas de Morena?, lo cual obligaría a reportarlos y comprobarlos ante el INE. ¿Existe algún fideicomiso privado? ¿Hay aportaciones en especie? La sociedad mexicana tiene el derecho a que se transparente la operación del gobierno en transición porque el alcance de las decisiones que toma van mucho más allá de las de una organización privada y resulta inaceptable refugiarse en la opacidad, aludiendo la falta de regulación precisa. Está claro que la exigencia de transparencia al respecto se ha acallado al calor del peso contundente de la legitimidad del Presidente electo.
Hace seis años, en el contexto de la transición gubernamental y ante la falta de regulación específica y la necesidad de que se rindiera cuentas a una sociedad cada vez más exigente en materia de transparencia, el entonces IFAI elaboró lineamientos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los recursos transferidos a Peña Nieto y sus colaboradores, además habilitó una página de Internet para que la población pudiera consultar los ingresos y gastos de la transición.
Al igual que en esta ocasión, el PEF 2012 había reservado 150 millones de pesos que se depositaron en un fideicomiso público, administrado por Banjército, que fue responsable directo de su manejo. Lo importante de dichos lineamientos del órgano garante de transparencia fue que daban certeza sobre los rubros concretos que debían de registrarse en la página, que serían posteriormente auditados y que abarcaban desde los contratos por diferentes servicios, los pagos realizados, los nombres de las personas contratadas, los diferentes gastos de oficina (telefonía, mensajería, gasolina, viáticos, pasajes, Internet), etc.
El tema de la opacidad en los gastos de los gobiernos en transición había sido objeto de investigaciones periodísticas como la de Daniel Lizárraga, "La corrupción azul. El despilfarro en las transiciones presidenciales", en 2009, que evidenció la discrecionalidad y la oscuridad en los montos, origen y destino de los recursos para las transiciones. Lizárraga documentó con base en solicitudes de información que se trataba de montos millonarios (15 millones de dólares en la transición de Fox a Calderón) que se mantenían al margen del escrutinio público.
Tal parece que hoy la exigencia de transparencia en la operación del gobierno en transición está opacada por la legitimidad de AMLO, con todo y que la reforma de transparencia de 2014 convirtió en sujetos obligados a todas las personas físicas y morales que reciban por cualquier motivo recursos públicos en dinero o en especie. Los mexicanos tenemos derecho a saber cómo y en qué gasta el equipo de transición por interés público y sería bueno que el INAI desplegara sus facultades para que la transparencia sea una exigencia para el actual gobierno en transición.