Estamos reprobados en Estado de derecho. Así lo afirma el "Índice de Estado de Derecho en México 2018", que en días pasados presentó el Proyecto Mundial de Justicia (WJP en inglés), el cual recoge las experiencias y percepciones de más de 25,000 personas en las 32 entidades federativas del país, respecto del desempeño de nuestras instituciones públicas en el cumplimiento de la ley, la protección de los derechos fundamentales, la seguridad, el control de la corrupción y la impartición de justicia, entre otros rubros.
El informe concluye que nuestra calificación promedio es de 3.9 puntos, y Guerrero es el estado peor evaluado, con sólo 2.9 pts., mientras que el mejor es Yucatán, con 4.5 pts. Tenemos distintos niveles de Estado de derecho, pero ningún estado alcanza uno mínimamente aceptable; y ya se está haciendo costumbre que cada vez que algún organismo internacional hace un diagnóstico sobre nuestros niveles de integridad pública, sistemáticamente tenemos muy mala calificación y, además, con tendencia a la baja.
Baste recordar el Índice de Percepciones de la Corrupción de Transparencia Internacional, que muestra como en los últimos años nuestro país ha caído de una puntuación de 3.5 a 2.9. Está también su medición sobre experiencias con sobornos, que nos ha colocado en el último lugar de América Latina, o el Índice Global de Impunidad (IGI), desarrollado por la Universidad de las Américas en Puebla, que da cuenta de nuestras grandes deficiencias institucionales en la persecución del delito y la impartición de justicia.
Aprovechando la experiencia del WJP en este tipo de ejercicios y ajustándolo a nuestro contexto específico, el Índice analiza 8 variables: 1) los límites al poder, para ver si los contrapesos institucionales limitan la arbitrariedad de los funcionarios públicos; 2) la ausencia de corrupción; 3) el gobierno abierto; 4) los derechos fundamentales; 5) orden y seguridad; 6) cumplimiento regulatorio, que evalúa si se aplican las normas y regulaciones sin influencias indebidas; 7) justicia civil, para ver si existen procesos pacíficos y expeditos para que las personas resuelvan sus controversias, y 8) justicia penal, que mide si existen mecanismos eficaces para investigar los delitos, garantizando el debido proceso y los derechos de las víctimas.
Al ver cómo se distribuyen las calificaciones de las ocho variables entre las entidades federativas, salta a la vista que Guerrero, además de tener el promedio más bajo del país, en todas las variables queda mal evaluado, particularmente en seguridad, justicia, protección de derechos fundamentales, corrupción y falta de contrapesos políticos. Algo muy semejante sucede con el Estado de México, que ocupa el tercer peor lugar, siendo un estado que ha recibido cuantiosas transferencias de recursos federales en los últimos años. El Estado de México concentra muy bajas calificaciones en corrupción, orden y seguridad, derechos fundamentales y justicia.
A pesar de las variaciones en puntaje entre los estados, sólo hay un rubro, el de orden y seguridad, en donde Yucatán alcanza una calificación aprobatoria de 7.7 y Coahuila de 6.1, mientras que en todas las demás variables la mejor calificación no supera el 5. Otro dato importante es que en corrupción, la Ciudad de México es la peor evaluada (2.7 pts.), con todo y que tiene el mejor lugar en gobierno abierto (5.1 pts.), lo que permite inferir que mayor transparencia ha servido para visibilizar mejor los abusos de altos funcionarios públicos.
Son contundentes los datos del Índice, pero frente a ellos una voz de alerta como la de Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, ya que contar con diagnósticos robustos sobre nuestro deficiente Estado de derecho no significa que estemos enfrentando mejor nuestros gravísimos problemas en la materia. Cada informe, reporte o índice contiene mediciones muy serias, pero de poco sirven si no elevamos el nivel de exigencia sobre nuestras autoridades, para que a partir de ellas se desplieguen acciones firmes y puntuales.