La transparencia es incómoda para el poder, y cuando no lo es se trata de una simulación. Como bien dice Elías Canetti en su famoso libro Masa y Poder, "el secreto está en la médula del poder", pues hay una inclinación natural de los poderosos a ocultar información a sus opositores y a sus gobernados en general, para no ser objeto de su escrutinio.
En México llevamos quince años con buenas leyes de acceso a la información que han socializado el tema no sólo como un derecho fundamental de las personas a saber y conocer, sino como una herramienta socialmente útil para visibilizar las faltas, desviaciones y abusos del poder. El acceso a la información en manos de periodistas de investigación, de la academia y de organizaciones de la sociedad civil, ha permitido poner al alcance de la población grandes escándalos de corrupción de exgobernadores y altos funcionarios federales. Hoy, la transparencia es parte del discurso cotidiano de ciudadanos que la exigen y autoridades que la ofrecen, pero sigue habiendo grandes resistencias para que sea una palanca efectiva que transforme la asimetría informativa que existe entre gobernados y gobernantes.
Por ello es muy relevante la resolución que aprobó por mayoría del Pleno el INAI, por seis votos a uno, el martes pasado, para abrir la averiguación previa sobre el caso de los millonarios sobornos de la gran empresa brasileña Odebrecht a directivos de Pemex. La indagatoria en PGR lleva cerca de dos años y tiene en la mira a Emilio Lozoya por montos de más de 10.5 millones de dólares, y hace un año, cuando el exprocurador Raúl Cervantes renunció al cargo, anunció que ya estaba prácticamente concluida.
Ante la negativa de la PGR de ofrecer la información, alegando que es una investigación en curso que requiere del máximo sigilo para asegurar su buen desarrollo, los comisionados del INAI aplicaron una prueba para ponderar si era mayor el interés público de transparentar las actividades que ha efectuado el Ministerio Público para conocer de qué magnitud fue el daño al erario y quiénes fueron los responsables del cohecho que, como sabemos, ha tenido ya repercusiones en varios países latinoamericanos, llevando a la cárcel incluso a expresidentes.
La PGR ha señalado que entregará una versión pública para proteger datos personales de testigos o víctimas en la indagatoria y así debe de ser. Sin embargo, dadas las enormes resistencias a abrir la información y para asegurar que no se teste o haga ilegible información que debe entregarse, el INAI estableció que hará una revisión puntual para que lo que se entrega al solicitante esté completo y sea comprensible. Valdría la pena que dada la importancia del asunto, el INAI no sólo constatara la integralidad de la información, sino que la publicara en un sitio de Internet para que toda la población conozca la investigación.
El presidente electo aprovechó esta resolución para reiterar que desconfía de la transparencia y de los organismos que se encargan de garantizarla, empezando por el INAI. No es algo nuevo, ya desde que era jefe de Gobierno capitalino insistía en que la transparencia no sirve para reducir la corrupción, además de que se gasta mucho en mantener a los órganos garantes.
Si algo aplaude la sociedad mexicana es que AMLO esté decidido a abatir la corrupción en México; sin embargo, no hay organismo internacional o regional que trabaje en temas de corrupción e impunidad como la ONU, el Banco Mundial, o la OCDE, entre otros, que no recomiende reforzar a la transparencia en todos los ámbitos del poder público y privado como requisito indispensable para hacer exitosa la lucha en contra de la corrupción. Sería conveniente que la futura secretaria de la Función Pública, Irma E. Sandoval, quien es experta en estos temas, convenciera al presidente electo de cómo la transparencia, justamente por ser incómoda, es una práctica obligada para abatir la corrupción y avanzar en la construcción de una cultura de integridad en el quehacer gubernamental.