Como bien dice la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción: "La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad". La trampa que se detectó en días pasados en el Poder Judicial es un ejemplo de ello.
Al encontrar que se habían robado y probablemente vendido parte de los reactivos de los exámenes del concurso para designar a 50 jueces de distrito, el Consejo de la Judicatura Federal anunció que anulaba todo el proceso, porque comprometía la confiabilidad del mismo. La buena noticia es que el CJF, autoridad encargada de la administración, vigilancia y disciplina de la carrera judicial, reaccionó de manera inmediata y contundente frente al acto ilegal; la mala es que el ilícito se perpetró por integrantes del propio Poder Judicial, poniendo en entredicho su integridad.
Hay que recordar que para acceder al cargo de juez de distrito en el ámbito federal es necesario participar en un concurso de oposición interno; es decir, en el que sólo pueden inscribirse quienes ya cuentan con un nombramiento dentro de la carrera judicial y tienen una antigüedad de al menos seis años. Dicho procedimiento está estrictamente regulado, con fases claras, exámenes escritos y orales, parámetros de evaluación previamente determinados, lo que le otorga alto nivel de exigencia para poder seleccionar a los mejor calificados para el alto cargo.
Lo robusto de este modelo de selección de quienes habrán de impartir justicia en el primer nivel de la estructura federal, debería replicarse en los estados en donde las designaciones de los jueces suelen depender más de lealtades a las cúpulas del poder político que a méritos profesionales y capacidades técnicas. De hecho, el representante del CJF ante el Comité Coordinador del SNA, Alfonso Pérez Daza, presentó una propuesta de reforma constitucional para que se implante el concurso en todo el país.
Sin embargo, contar con buenas reglas y procedimientos no es suficiente para erradicar la cultura de la trampa y borrar las malas prácticas y abusos para sacar ventaja personal, que son expresiones de cómo la corrupción es un fenómeno que ha impregnado a nuestras instituciones, incluidas las del Poder Judicial. En el concurso estaban inscritos dos mil 602 aspirantes, pero sólo 91 habían pasado a la segunda etapa al haber obtenido las mejores calificaciones en las pruebas escritas; y fue en esta fase cuando se identificó el robo de los reactivos, lo que implica que ni el conocimiento ni la capacitación son antídotos eficientes para bloquear una trama de la corrupción, en la que hubo complicidad al menos entre alguno de los que tenían bajo su responsabilidad el resguardo de los reactivos y uno o varios de los concursantes, todos funcionarios judiciales.
El CJF tendrá que concluir la investigación para identificar a los responsables y sancionarlos de manera ejemplar y con la misma transparencia con la que difundió su decisión de cancelar todo el concurso, porque lo que está en juego es la solvencia del Poder Judicial, que es una pieza clave para combatir la impunidad que aqueja al país. Hay al menos un antecedente reciente de funcionarios corruptos en el Consejo. Hace un año, gracias a una denuncia anónima, el CJF cesó a cinco funcionarios después de encontrar cuatro millones de pesos en efectivo en un vehículo oficial adscrito a una de sus direcciones administrativas.
Y la corrupción no cesa. El informe 2017 de Transparencia Internacional que mide la percepción de la corrupción en 180 naciones, ha ratificado que nuestro país empeora en el combate a este fenómeno, que es un problema institucional y que ha penetrado el tejido social. Respecto del año pasado, México descendió 12 lugares en el índice (bajó del lugar 123 al 135), ubicándose como el peor de los países integrantes de la OCDE y entre los cinco más bajos de América Latina, sólo por encima de Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela. 100 lugares arriba de nosotros están Chile y Uruguay, que se caracterizan por poseer capacidades reales de investigación y de persecución de los delitos. Como producto de este informe, Transparencia Internacional hizo varias recomendaciones a nuestro país, entre las cuales está asegurar la correcta implementación del SNA en todo el territorio nacional, en el que el papel del Poder Judicial es esencial para lograrlo. De ahí la importancia de reforzar su integridad.