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26/09/2018
Actualización 26/09/2018 - 10:59

No me voy a cansar de repetirlo: para el gobierno de Enrique Peña Nieto, la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa debería de estar enterrada en el olvido. No lo digo yo, lo dijo el propio presidente cuando fue a Iguala la primera vez, cuando se acercó lo más que pudo al lugar de la tragedia, a 125.7 kilómetros, no pudo avanzar más.

Los 43 estudiantes y la lucha de Ayotzinapa no sólo no quedaron enterrados, se volvieron la herida viva que desangró al actual gobierno.

Peña visitó Iguala 17 meses después de la desaparición de los jóvenes estudiantes, tampoco se atrevió a ir antes. Cómo justificar la ausencia del Estado en un lugar que parece olvidado. Lo que dijo a finales de febrero de 2016 marcaría el sello de su gobierno con el caso de violencia y desaparición más icónico: “Este es un municipio emblemático de nuestra historia nacional, no puede quedar marcado por estos trágicos acontecimientos”. Ahí está el sentir del Ejecutivo en estado puro, como si los lugares escogieran sus tragedias, como si sus pobladores decidieran cargar con el miedo, como si el dolor de 43 desaparecidos y sus 43 familias, acabara con un decreto presidencial, así lo vio siempre el que no entendió que no entendió.

Después la bola de nieve de las malas decisiones, de las justificaciones insensibles, de las malas investigaciones, del desprecio a los padres, el enojo creció y creció, hasta arrastrar todo con el epílogo de su gobierno con los spots del Sexto Informe: “Con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción de que lamentablemente pasó lo que justamente la investigación arrojó”. Con esto la herida sigue abierta, sumado también al maltrato por parte del gobierno federal al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que se convirtió en algún momento en el propio verdugo de una investigación imposible de sustentar.

¿Cómo hacer que el reclamo que no cesaremos no se convierta en un grito sordo al que el tiempo nos acostumbre?

No se trata de no ser resilientes, no significa aferrarnos a un capítulo trágico. Pedir verdad y justicia no tiene como propósito el golpeteo político o la descalificación a este incompetente gobierno, se trata de encontrar mecanismos de no repetición. En unos días más conmemoraremos 50 años de la matanza de estudiantes en Tlatelolco y apenas estamos viendo el reconocimiento público del Estado sobre su participación en uno de los capítulos de violación a derechos humanos más vergonzoso de nuestra historia. ¿Estamos esperando que Ayotzinapa cumpla cinco décadas para que un presidente no pida olvido sino perdón?

Hace unos meses, en este mismo espacio, dábamos cuenta de la graduación de esa generación a la que le robamos a 43 maestros. Porque no se los quitan sólo a Guerrero o a sus familias, cada desaparecido en este país es una persona que se nos quita a todos. Es alguien que todos perdemos. Es un dolor colectivo. Hoy son cuatro años, ¿cuántos más?

Ayotzinapa es más grande que un torpe gobierno, es el icono de lo que no debemos repetir, debe ser de donde tenemos que agarrarnos para buscar una Fiscalía que Sirva, para buscar justicia y verdad, la reparación de esta herida –que sé que algún día se dará– cerrará el ciclo más negro de la historia moderna de nuestro país.

Ojalá vayamos por ese camino, ojalá quede como el peor recuerdo de una época infame, y ahí, mientras descanse “sin molestar” en el Estado de México, el actual presidente sea testigo de cómo se entierra un infierno del cual él fue partícipe y jamás comprendió.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.