La Nota Dura

Hoy murió un policía

Javier Risco escribe que pocos voltean a ver la situación de los policías municipales, se les juzga, se les señala como el eslabón más débil de la cadena de seguridad.

El 11 de julio pasado entrevisté a Manelich Castilla, excomisionado general de la Policía Federal, y le pregunté sobre cómo imaginaba el futuro de su policía, en aquel entonces contestó: "A mí me encantaría pensar en una policía que tendrá el respaldo de la ciudadanía, que irá ganando más confianza y más adeptos. Quiero imaginar a elementos con los mejores perfiles, una policía que sea una aspiración para la gente mejor preparada y estamos en un camino que se puede lograr, pero hay que conocerla". En aquella entrevista me repitió hasta el cansancio que el nuevo gobierno "debía conocerla"; sin embargo, a pesar de haber tendido puentes de comunicación, el gobierno entrante jamás estuvo interesado en algún acercamiento, su diagnóstico ya lo tenían claro. De hecho, un día antes de la entrevista, el que ahora será el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, declaraba a los medios: "Lo que vamos a hacer con la Policía Federal es consolidarla, un programa de consolidación, es una buena institución, pero imagino que dado el abandono administrativo en el que se ha encontrado, se encuentra (sic) con una moral difícil". Ni programa de consolidación ni recuperación administrativa, la Policía Federal se encontraba con una "moral difícil" y eso la había sentenciado a su desaparición.

Después les fue peor. Andrés Manuel López Obrador, en la presentación del Plan de Paz y Seguridad así cerraba el capítulo de la Policía Federal: "Con esta medida se resolverán tanto el vacío legal en el que los institutos armados han venido participando en las labores de policía, como la carencia de una institución policial profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia"; el análisis final era que no había una institución profesional capaz de afrontar la situación actual, y el camino de seguridad de la 4T no recorría este camino, López Obrador apostaba por la militarización, por una Guardia Nacional encargada de todo el territorio.

A partir de este momento han quedado en el olvido, el gobierno federal habla de la Guardia Nacional y los gobernadores hablan del fortalecimiento de sus policías locales; aún está en el aire la manera en la que se va a aplicar el Plan de Paz y Seguridad, pero el crimen organizado no ha parado, los enfrentamientos siguen y el número de asesinatos se mantiene constante. Aún no tenemos una cifra oficial del número de muertos en los primeros 11 días del gobierno de López Obrador. Según el recuento de algunos medios, se sitúan alrededor de los 300; lo que sí tenemos es una cifra del número de policías asesinados en nuestro país en 2018 y en los primeros días del gobierno de López Obrador.

La organización Causa en Común publicó hace unos días la información: hasta el 9 de diciembre llevan contabilizadas, al menos, 388 muertes de personas dedicadas a brindar seguridad en 30 entidades, más de uno al día. De acuerdo con el informe, por corporación, los policías caídos en un 3.9 por ciento corresponden a la Policía Federal; en otro 3.9 por ciento, al sistema penitenciario; 16.5 por ciento de los asesinados eran policía ministerial, 27.8 por ciento formaban parte de corporaciones estatales y, por último, casi la mitad (47.9 por ciento) eran policías municipales.

Mientras el gobierno prepara una Guardia Nacional, los policías siguen muriendo. En los primeros nueve días de diciembre fueron asesinados 12 elementos de seguridad del estado, y para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no han significado ni siquiera una mención.

Cuando algunos gobernadores dicen que seguirán fortaleciendo la policía local, es una declaración obligada ante la indefensión de los que están en campo. De acuerdo con los datos de Causa en Común, en Guanajuato han sido asesinados 63 policías; en Guerrero, 40; en Edomex, 38; en Veracruz, 29; en Puebla, 27; Chihuahua, 26; Jalisco, 24; la CDMX, con 17; Michoacán y Oaxaca, con 12; San Luis Potosí y Sonora, con 11; Tamaulipas, con 10 casos. En estas 13 entidades se concentran 320 homicidios dolosos de policías, lo que significa el 82.5 por ciento de los casos.

Pocos voltean a ver la situación de los policías municipales, se les juzga, se les señala como el eslabón más débil de la cadena de seguridad, falta poco para culparlos de la situación de violencia en este país. La organización Causa en Común, dirigida por María Elena Morera, tiene un diagnóstico preciso y cercano de su situación: no se trata de poner militares en lugar de policías municipales como si fueran pequeños monitos en un tablero, el limbo de seguridad que estamos viviendo es el caldo de cultivo ideal para la expansión de la violencia. Ojalá que el nuevo gobierno se acerque a estos estudios, entienda la complejidad de desplegar a militares a realizar labores de seguridad con civiles, y por lo menos esté consciente de que en este tiempo de adaptación hay policías que siguen disparando un arma contra delincuentes y, peor aún, siguen muriendo. Este año podemos tomar cualquier día del año y decir… hoy murió un policía.

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