A juzgar por las apreciaciones de la comentocracia, Ricardo Anaya parece haberle ganado el primer round del caso Barreiro al gobierno de Enrique Peña Nieto. No necesariamente por disipar todas las dudas que de buena o mala fe varios de sus dignos integrantes han manifestado sobre el fondo del asunto de la nave industrial de Querétaro, sino porque la utilización descarada de diversos instrumentos del Estado (PGR, SAT, Notimex) para apoyar la candidatura del PRI a la presidencia ha sido repudiada por casi todos. Con más tiempo y ayuda, los organizadores de la carta a EPN sobre dicha utilización hubieran podido conseguir muchas más firmas; grupos de los sociedad civil, más allá de sus simpatías electorales, aborrecen cualquier evocación del desafuero de López Obrador en 2005.
El segundo round también lo puede ganar Anaya. Ya varios observadores han indicado el camino a seguir. Aguilar Camín, en particular, dibujó los contornos de la alternativa del diablo a la que se enfrentan Peña, Meade, el gobierno y el PRI. O bien perseveran en el intento de la judicialización, e instruyen al procurador en funciones a indiciar o acusar formalmente a Anaya por lavado de dinero, dejando atrás las puras insinuaciones, rumores, difamaciones por asociación y fintas, en cuyo caso corren el riesgo de victimizarlo a ultranza, y de provocar un escándalo nacional e internacional de proporciones incalculables (además de que pueden perder). O bien se desisten de dicho empeño, reculan y admiten que no hay ningún cargo contra Anaya, que no se ha abierto ninguna carpeta de investigación, que no está bajo investigación, y que lo único que existe es un procedimiento ciertamente inusual por su rapidez y eficacia contra el empresario Barreiro. En cuyo caso le entregan a Anaya una victoria (más) para agregarla a su rosario de triunfos anteriores. No parece haber un lugar intermedio.
Veo difícil que el gobierno dé marcha atrás. No ha quemado sus naves, pero muy probablemente lo haga en los próximos días. Conviene recordar que Fox sí retrocedió en el caso del desafuero, pero sólo después de una serie de reveses judiciales que no le dejaron mayor alternativa. De lo que yo recuerdo de mis conversaciones con él en esos meses de la primavera de 2005 (ya no pertenecía al gabinete), su intención era ir hasta el final, convencido que sólo así podría frenar a AMLO. Es posible que los abogados de Anaya encuentren un imaginativo artilugio jurídico que coloque a la PGR en un dilema: por ejemplo, a través de una demanda, un amparo, o de presentarse en la PGR el propio Anaya, pero ahora ofreciendo que lo detengan de una vez. A reserva de que eso suceda, todo indica que Peña seguirá por este camino, como se lo ha hecho saber a varios empresarios.
De confirmarse esta opción, sólo subirá el tono de la campaña de Anaya, y la hipocresía de la campaña de AMLO. Si Meade insiste en las supuestas falsificaciones en la 3de3 de Anaya, este último comenzará a afirmar que la de Meade no contiene mentiras... porque no la ha presentado (según el Imco). Si AMLO se mantiene al margen del intento de bajar a Anaya de la boleta, mostrará su escaso apego a temas de 'cancha pareja' en materia electoral, y su semejanza con quienes le jugaron 'cubano' (según él) en 2006. Cuando le toque (porque le tocará), veremos cuántos simpatizantes del Frente o de la imparcialidad del gobierno en los comicios se manifestarán a su favor.
La clave ahora consiste en respirar profundo, y tratar de convencer a Peña Nieto que las promesas de AMLO de indulto valen poco, que las investigaciones de Anaya van en serio, pero serán transparentes e imparciales, y que con 20 por ciento de aprobación es imposible que triunfe un candidato suyo. O él mismo: quien está en la boleta se llama Enrique Peña Nieto.