El candidato presidencial que triunfó en las elecciones del pasado 1 de julio ha venido haciendo una serie de anuncios sobre las medidas que adoptará durante su gobierno. Una de las que ha generado mayor número de comentarios ha sido la propuesta de López Obrador relativa a la creación de la figura de coordinadores, uno por cada entidad federativa, que atenderán todo lo relativo a los asuntos de carácter federal en cada estado de la república.
De entrada, cabe decir que el anuncio no ha sido suficientemente claro. En un primer momento se dijo, o al menos así se entendió, que el tal coordinador sólo tendría a su cargo lo correspondiente a los diferentes programas federales en materia de desarrollo social. Luego se dijo que no, que sus atribuciones abarcarían todas las tareas a cargo de las distintas dependencias federales. Delegaciones, alguien lo dijo, que en algunos estados llegan a sumar hasta sesenta.
La anterior medida tendría como consecuencia la desaparición de dichas delegaciones federales, cuyas funciones quedarían a cargo de un solo coordinador. Sin mayor información, no se alcanza a comprender cómo sería posible atender asuntos tan disímbolos como la defensa del consumidor, la expedición de pasaportes, los programas de fomento hoy a cargo de las delegaciones de la Secretaría de Economía o la atención a los contribuyentes a través de las oficinas regionales del SAT, amén de las acciones de apoyo al campo o de los numerosos programas de desarrollo social, y muchísimas otras funciones de corte federal (migración, aduanas, minería, medio ambiente y un larguísimo etcétera). Necesitaría ser, ahora sí, un verdadero todólogo. O tener concentrados en su oficina a un pequeño –o tal vez grande- ejército de los que sí conocen y tienen experiencia en cada materia. Que no serían otros que los actuales delegados, o quienes en los hechos vendrán a ser sus sucesores.
Muy tímidamente se han alegado en favor de esta medida razones de austeridad, en primer lugar, y de simplificación administrativa en beneficio de los ciudadanos, a quienes se les podrá atender –se dice- sin tantas complicaciones a través de lo que se llama 'ventanilla única'. Lo de la austeridad estaría por verse y lo de la supuesta eficacia administrativa desde ahora se puede señalar que ni remotamente será así.
Tres aspectos, cuando menos, involucra esta decisión que de entrada parece desbaratada. Hay que dar, sin embargo, el beneficio de la duda. Esos tres aspectos son: el jurídico, el político y el de su viabilidad práctica. Sobre este último ya he apuntado arriba un comentario de carácter general.
Respecto del jurídico, ya veremos qué propuesta de reforma constitucional y qué modificaciones a diversos ordenamientos federales presenta el próximo Ejecutivo, o bien los legisladores de su partido. Conocidos los motivos de esta medida, que deberán estar contenidos en la correspondiente exposición de la o las iniciativas de ley, y conocidos los alcances que los cambios tendrán, se podrá opinar con mejor conocimiento de causa y por ende de manera más apropiada.
En cuanto al ángulo político, la casi totalidad de quienes ya han opinado lo han hecho en el sentido de que el verdadero propósito que anima a López Obrador es tener a su disposición un mecanismo de control político sobre la totalidad del territorio nacional. Y todo parece indicar que así es.