Hoy se cumplen nueve años del suceso de Iguala, Guerrero, donde 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron desaparecidos y seis personas más asesinadas entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El caso es una deuda pendiente con los familiares de las víctimas y con la sociedad entera; mientras no se entregue y cierren la información, éste seguirá vivo. La verdad, la justicia y la reparación del daño no se han materializado, y el primer paso para ello es el acceso a la información.
A lo largo de su historia, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha emitido resoluciones dirigidas a la entrega de información sobre violaciones graves a derechos humanos: es el caso de los asesinatos de migrantes en San Fernando del 2010, las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya del 2014, la represión al movimiento estudiantil del 68, y la desaparición de los estudiantes normalistas.
Este último fue un asunto paradigmático puesto que, por primera ocasión, el INAI ejerció su facultad para determinar el interés público de la información cuando existen violaciones graves y logró, a pesar de la reticencia de la Oficina de la Presidencia y de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGR), abrir la versión pública de las investigaciones.
En efecto, hasta el 20 de septiembre del presente año, la sociedad ha interpuesto 184 recursos de revisión sobre Ayotzinapa y el 87.6 por ciento de dichas impugnaciones se han resuelto a favor de las y los recurrentes.
A pesar de estos esfuerzos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en su sexto y último informe presentado el 25 de julio de este año, afirmó que las Fuerzas Armadas tienen aún información –específicamente de sus Centros Regionales de Fusión de Inteligencia– que no ha sido entregada a los padres de familia de los 43 desaparecidos. Recordemos que transparentar todo lo acontecido sobre Ayotzinapa fue una de las principales promesas de la actual administración federal.
De hecho, el Grupo de Expertos decidió salir del país pues argumentó que no había condiciones para seguir desarrollando su labor ante las negativas castrenses por entregar información. En este sentido, a inicios de este mes, el Poder Judicial de la Federación ordenó a las Fuerzas Armadas abstenerse de “destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar información”, esto en respuesta a una demanda de amparo interpuesta por las propias familias en contra de la estructura militar por estimar que dichas autoridades no han cumplido el decreto presidencial de diciembre de 2018 que ordenó a todas las dependencias federales colaborar en el esclarecimiento de lo sucedido.
No olvidemos que las Fuerzas Armadas –así como partidos políticos, secretarías federales, fideicomisos, sindicatos, órganos autónomos, y cualquier autoridad, entidad u organismo que reciba recursos públicos– son sujetos obligados en materia de transparencia, y deben entregar la información en versión pública de ser necesario.
A pesar de la legítima exigencia de los familiares –quienes en esta etapa han demandado principalmente conocer los documentos de la inteligencia militar–, la semana pasada, el titular del Ejecutivo federal afirmó que las Secretarías de la Defensa y la Marina han entregado toda la información con la que cuentan respecto al caso, y aseveró que existen múltiples personas detenidas y que continúan las investigaciones.
El artículo 5º de la Ley General de Transparencia prevé que no podrá clasificarse como reservada información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y en el INAI seguiremos actuando apegados a derecho, pues es una exigencia a la verdad, justicia y memoria.
La autora es comisionada del INAI.