Parece mentira, pero apenas en marzo de 2014 (y no 1974) la Comisión Europea publicó recomendaciones concretas para promover una verdadera equidad salarial entre mujeres y hombres en los países miembros de la Comunidad. Estas recomendaciones han dado pie a nuevas leyes en países como Alemania, Reino Unido, Suecia y Finlandia, que hacen obligatorias una serie de medidas para que las empresas no puedan evadir que el pago entre hombres y mujeres sea el mismo, cuando desempeñan un trabajo similar. También España está en el proceso de aprobar una ley en el mismo sentido. ¿Aquí cuándo?
La recomendación de la Unión Europea (UE) y las leyes que se han aprobado se enfocan en que la mujer tenga la información y los mecanismos para saber que está siendo mal pagada en comparación al hombre haciendo el mismo trabajo. Lo que la UE recomienda es bastante sencillo y claro: transparencia salarial, información de los sueldos por categoría y por género, auditorías de sueldos y que no exista diferencia salarial en contratos colectivos, entre otras. Toda empresa de más de 50 empleados debería cumplir con estos lineamientos.
Adicionalmente, los países que han pasado estas leyes han creado una plataforma nacional en la que se dan estadísticas y datos concretos, por sector de la economía, sobre esta inaceptable discriminación. Aquí el Inegi y la STPS deberían trabajar en datos anuales al respecto. El Estado tiene la obligación de que la información sobre la diferencia salarial se conozca con más detalle, y se le dé seguimiento puntual hasta que la erradiquemos de nuestro sistema económico, social y laboral. En síntesis, nuestro país requiere una ley laboral más flexible para las mujeres, mayor transparencia en temas salariales y una política de Estado que erradique esta discriminación en el empleo.