Desde hace 3 años Europa vive la mayor crisis migratoria y humanitaria después de la Segunda Guerra Mundial por los flujos de personas que intentan alcanzar sus costas arriesgando sus vidas para escapar de la opresión política, la guerra y la pobreza existentes en sus países de origen: Siria, Afganistán, Eritrea, Nigeria, Albania, Pakistán, Somalia, Irak, Sudán, Gambia, Egipto, Marruecos, India, Nepal, Bután, Sri Lanka y Bangladesh; ingresan principalmente por la vía marítima, en Grecia, Italia y Libia, para continuar su tránsito a Europa Central y del Norte.
En el 2015 y el 2016 la Unión Europea (UE) recibió a más de un millón de personas, comparado con 284,000 en el 2014, la mayor parte huían de la guerra y el terror en Siria; la inesperada corriente migratoria provocó una crisis humanitaria y afectó a la economía y a la convivencia social en los diferentes países de Europa. La mayoría de los que llegaron son de fe musulmana, hecho que derivó en conflictos con las poblaciones locales, básicamente cristianas, los refugiados y migrantes por su religión, costumbres, cultura y hábitos de vida, no quieren integrarse a la sociedad occidental que los recibe, incluso han provocado disturbios y actos vandálicos en las comunidades a las que llegan, particularmente en Alemania, que en términos generales, su gobierno y la población, les brindó una recepción calurosa.
Los flujos de migrantes han exacerbado el racismo de partidos europeos de ultraderecha, que cada vez más están teniendo una mayor representación en los gobiernos de los países europeos y, son quienes han alentado severas medidas para frenar la llegada de nuevos flujos. Al mismo tiempo los gobiernos de la UE han incrementado la asistencia humanitaria a los inmigrantes tanto en Europa como en el exterior (Irak, Líbano, Jordania y Turquía); han buscado reubicar a los solicitantes de asilo que ya se encuentran en Europa y devolver a las personas que no cumplen con los requisitos para acogerse al asilo.
En los últimos 20 años la UE ha establecido varias normas comunes en materia de asilo, que se evalúan como las más estrictas del mundo; en principio los Estados Miembros de la UE, son responsables de examinar las solicitudes de asilo y decidir quien recibirá protección. No todas las personas que llegan a la UE son refugiados, una parte son "migrantes económicos" que abandonan sus hogares por una vida mejor, de aquí que carecen de derecho legítimo de solicitar protección. En este ámbito, los gobiernos enfrentan el reto de regresarlos voluntariamente o vía medidas de cohersión a sus lugares de origen o a los países donde estuvieron en tránsito para llegar a Europa.
En este contexto, la UE y Turquía, acordaron en el 2016 que los inmigrantes que lleguen a las islas griegas y que no soliciten asilo o cuya solicitud no es aceptada, puedan ser devueltos a Turquía. A cambio la UE ha proporcionado a Turquía 3 mil millones de euros. Paralelamente la UE ha tratado de mantener la seguridad en sus fronteras luchando contra el tráfico ilícito de personas y ofreciendo vías seguras para que puedan ingresar legalmente a la UE; miles de personas han perdido la vida en el mar buscando llegar al Continente.
Casi el 90.0% de los refugiados y migrantes han pagado a la delincuencia organizada y a traficantes de personas para que los hagan cruzar las fronteras. Entre 2015 y 2016 la UE triplicó los recursos disponibles para salvar vidas; 400 mil personas fueron rescatadas y se capturó a más de 2 mil tratantes y traficantes y se retiraron 375 embarcaciones. Asimismo, en octubre del 2016 se puso en marcha la nueva guardia Europea de Fronteras y Costas con el fin de garantizar que Europa pueda proteger sus fronteras exteriores comunes y hacer frente de manera conjunta a los nuevos retos de la migración.
Los inmigrantes han utilizado el denominado "espacio Shengen" que posibilita viajar sin restricciones por el territorio de 26 países europeos, 22 son miembros de la UE, así como Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza donde residen alrededor de 400 millones de ciudadanos. Bulgaria, Croacia, Chipre, Irlanda, Rumania y el Reino Unido son miembros de la UE, que no forman parte del espacio Shengen; de manera que los vuelos desde estos Estados a Shengen se consideran exteriores y están sujetos a controles fronterizos. No obstante, ante la creciente e incontrolable corriente de migrantes y demandantes de asilo por este espacio, varios países han establecido controles temporales ante la necesidad de garantizar su seguridad y gestionar adecuadamente a los inmigrantes; el Código de fronteras de Shengen prevé la reintroducción de controles en caso de eventos de gran magnitud que requieren mayores medidas de seguridad o situaciones imprevistas.
El manejo de la crisis migratoria, que significa proporcionar a los refugiados e inmigrantes alimentos, agua y cobijo, representa una enorme presión sobre los presupuestos de algunos miembros de la UE; es el caso especial de Grecia e Italia, donde llegan en primer lugar la mayoría que entran a la UE. Entre 2015 y 2017 se asignaron 17,700 millones de euros del presupuesto de la UE para resolver la crisis migratoria.
Por el complejo entorno derivado de la crisis migratoria en la UE, 16 líderes encabezados por Francia y Alemania se reunieron al final de junio en Bruselas, Bélgica, durante una cumbre informal para respaldar los planes para aislar a los migrantes en el norte de África y los Balcanes, y solo permitir el ingreso de aquellos que cumplan con los requisitos para recibir asilo.
En la cumbre se intentó delimitar quien debería asumir la responsabilidad de los migrantes que llegan a la UE, en la actualidad asumida en su mayor parte por Italia, Grecia y España, cuanto tiempo deberían atenderlos y que tanto deberían hacer sus socios europeos para ayudarlos.
La reunión cerró sin un acuerdo concreto, pero al término la impresión compartida era la de un encuentro útil para intercambiar posturas y avanzar en la búsqueda de consenso en torno a tres pilares: la necesidad de trabajar más con los países de origen y tránsito de la inmigración, mejorar la protección de las fronteras exteriores, y reformar los procedimientos de asilo. La canciller alemana, Ángela Merkel, afirmó, tras la cumbre, que hay coincidencia en que no se puede dejar solos a los socios más afectados y dijo que los refugiados no pueden elegir en qué país piden asilo.
Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron dijo que "el método que vamos a adoptar" involucraría "trabajar juntos cara a cara con los países de tránsito y origen fuera de la UE. Mencionó a Libia, principal punto de partida de los migrantes de distintos países". En general la migración gana peso en las prioridades presupuestales de la Unión Europea, con un enfoque más restrictivo que favorable a la acogida. La Comisión Europea propone casi triplicar los fondos dedicados a asuntos migratorios en las próximas cuentas públicas comunitarias (correspondientes al periodo 2021-2027). Aunque la dotación aumenta en todos los capítulos, el foco se sitúa en el control de las fronteras exteriores de la UE y en las expulsiones de quienes no tienen derecho a asilo. La mayoría de Estados comparten estas prioridades.
Si bien es cierto que la experiencia de la UE respecto a los problemas sociales, políticos y económicos que pueden generar los refugiados, el impacto económico para los países de acogida en el tiempo es favorable porque generan riqueza, ingresos por impuestos y empleo.
El Centro Nacional de Investigación Científica de Francia analizó el impacto de la llegada masiva de inmigrantes en la evolución de una serie de variables económicas desde 1985 hasta 2015, el año de la gran crisis de los refugiados. Los 15 países estudiados recibieron el 89.0% de las peticiones de asilo en 2015.
El trabajo publicado en la revista científica Science Advances, muestra que, desde la llegada o solicitud de asilo, los inmigrantes favorecen la actividad económica, aunque los primeros años las alzas no sean significativas. En el caso de los inmigrantes, cuando su tasa (medida por cada 1,000 habitantes) sube en un punto, el PIB per cápita mejora en los 4 años siguientes, registrando un alza de 0.32% en el segundo año de acogida.
En el 2017 los países de la UE dieron protección internacional a 538 mil personas, cifra inferior en 25.0% a la del año previo. En este contexto, los controles europeos están provocando un entorno social más tenso en el Medio Oriente.