El éxodo venezolano se ha convertido en el más numeroso en la historia del continente americano. Las Naciones Unidas calculan que más de 1.6 millones de venezolanos salieron de su país en los últimos tres años para escapar de la crisis política y humanitaria (el ACNUR la estima en más de cuatro millones de personas). Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) podría igualar al flujo de personas en el Mediterráneo si se mantiene la tendencia actual. Es el desplazamiento humano más grande que no se debe a un conflicto armado.
Como si no fuera dramática la situación en Venezuela, tenemos a dos personajes irresponsables e imprudentes, que entorpecieron las negociaciones en su momento o dificultan llegar a una solución: el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Zapatero tuvo un papel controvertido durante su participación en el conflicto entre el gobierno y la oposición venezolanos desde diciembre de 2015, cuando se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias en las que ganó la Unidad Democrática opositora. El exdirigente socialista jugó un papel poco claro como mediador principal, pues en lugar de adoptar una posición neutral, se mostraba parcial a las posiciones del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, desde que fracasaron las negociaciones en República Dominicana, Zapatero adoptó el discurso abiertamente bolivariano. El lunes le dio la coartada ideal a Maduro, al declarar que la migración venezolana es resultado de las sanciones económicas de Estados Unidos y sus aliados. Al mismo tiempo, Zapatero negó también que el gobierno de Caracas fuera medianamente responsable de la crisis, provocando la protesta furibunda de los opositores.
Almagro es harina de otro costal, pero también ha dificultado, con sus continuas descalificaciones al régimen venezolano, alcanzar el consenso en la organización interamericana. El viernes pasado declaró en la frontera de Colombia con Venezuela que no se podía "descartar una intervención militar" para destituir a Maduro, invocando los fantasmas de las operaciones de Washington en el continente. Almagro tomó desprevenidos a los miembros al Grupo de Lima y los obligó a desmarcarse de él, debilitando su posición. Además, Almagro ha dicho que investigará crímenes de lesa humanidad del gobierno de Venezuela, cuando no tiene facultades para hacerlo. El desconocimiento del secretario general de la Carta de Bogotá resulta aparente a los ojos de la mayoría de los países miembros.
Mientras tanto, a pesar del anuncio de Maduro el 20 de agosto pasado del "Plan de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad", con medidas como la introducción de un nuevo conjunto de monedas circulantes y un nuevo sistema salarial, el país sigue en bancarrota y requiere urgentemente financiación externa. Para ello, realizó una visita a China, país que ha sido el prestamista más importante de Venezuela desde los tiempos de Hugo Chávez. Esta vez el espaldarazo del gobierno chino fue un nuevo préstamo que, según el mismo ministro de Economía venezolano, se pagará con el control de las instalaciones y la producción petrolera. Al sumar este nuevo préstamo, la deuda de Venezuela con China ascenderá a 23 mil millones de dólares.
Los préstamos chinos, además de darle un respiro al régimen que se encuentra aislado, en un entorno regional hostil, presionado por los países del Grupo de Lima, tienen la ventaja de que no tienen ningún condicionamiento político.
Puede especularse si la complicidad de Rodríguez Zapatero o la torpeza de Almagro son involuntarias o malintencionadas. Sin embargo, le dieron oxígeno al gobierno venezolano para afianzarse en el poder, desgastar a la oposición y conseguir un nuevo acomodo con su principal acreedor. Gracias a ambos, Maduro puede disfrutar tranquilamente en un restaurante en Estambul, Turquía, de unos buenos cortes de carne preparados por un chef internacional, mientras la mayoría de los venezolanos pasa hambre y muchos de ellos buscan salir de su país a cualquier costo.