El primero es el reformismo sin prioridades: un gobierno que tire muchas flechas y sólo algunas den en el blanco. Hay prisa de López Obrador: todos los días hay anuncios de proyectos y programas. Muchas son propuestas muy genéricas sin estudios técnicos, sociales o financieros que los respalden. El reformismo del nuevo gobierno no distingue que los gobiernos tienen recursos limitados: de tiempo, de dinero y de apoyo social. Escoger las batallas es garantizar su viabilidad. Abarcar mucho significa apretar poco.
El segundo riesgo derivado del anterior es el desbalance presupuestario: no alcanza para todo. ¿Cuánto del Presupuesto actual podría emplearse para llevar a cabo los proyectos propuestos por la nueva administración? Hay distintos cálculos. Funcionarios de la Secretaría de Hacienda comentan en privado que el margen presupuestario para 2019 es de aproximadamente 50 o 60 mil millones de pesos. Integralia Consultores estima que si se hace una reingeniería al Presupuesto y se resiste la enorme presión política y protesta social que se derivaría del reajustes del gasto, este monto ascendería quizá a 100 o 120 mil millones de pesos en 2019 –después podría aumentar conforme el combate a la corrupción o las compras consolidadas permitan un uso más eficiente del gasto.
El presidente electo asegura que podría conseguir hasta 500 mil millones de pesos. Sin embargo, esa cifra –inverosímil ahora– está todavía muy lejos de ayudarlo a cumplir con todas sus promesas. Si se realiza una suma de los requerimientos de todas las propuestas hechas hasta ahora, se necesitaría tener no menos de 800 mil millones de pesos disponibles para el año uno. Reitero: esa cantidad es la suma de todos los proyectos y programas anunciados, incluidos la reducción del IVA en la frontera (este último solamente significaría una pérdida de la recaudación de 110 mil millones de pesos, según el Centro de Información Económica y Presupuestaria).
La falta de recursos se puede afrontar si se depura la lista de programas o proyectos anunciados, o bien si su implementación es gradual. Sin embargo, siempre hay la presión de dar respuesta a los votantes: si eso ocurriese –si hubiese protesta o críticas de que el nuevo gobierno no está cumpliendo– podría darse la tentación del endeudamiento o de nuevos impuestos.
El tercer riesgo es la ruptura del sistema de pesos y contrapesos que caracteriza a una república con división de poderes. El reformismo y la prisa por llevar a la práctica la cuarta transformación pueden implicar avasallar la discusión en el Congreso. Un Legislativo que quiera evaluar, debatir y someter las propuestas del presidente al escrutinio, significa dilación. La impaciencia puede derivar en un Congreso que rubrique iniciativas presidenciales sin el debate requerido. Siempre podrá decirse que la oposición quiere impedir la cuarta transformación y de esa forma justificar lo que antes los opositores al PRI llamaban el "mayoriteo".
El cuarto riesgo es el centralismo. Este es un riesgo, no sólo por el peligro que representa para el pacto federal, sino también por la lentitud y obstáculos que podría significar centralizar las compras de todo el gobierno federal en la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, o los gastos de comunicación social en la oficina presidencial, o la coordinación de todos los delegados estatales en una sola persona que trabajará en la oficina del presidente. El centralismo de López Obrador es la desconfianza a las dilaciones del federalismo, a sus propios pesos y contrapesos verticales. Quizá las medidas centralizadoras de López Obrador son una manera de querer dar resultados rápidos a la población, o bien, reflejo de su propia desconfianza al rol de los gobernadores de otros partidos.
El nuevo gobierno tiene enormes oportunidades de realizar una verdadera transformación. Tiene la ventaja de que será un sexenio de siete años. El primero ya está corriendo y concluirá el 30 de noviembre. López Obrador tomará protesta con una mesa parcialmente puesta: varias reformas legislativas aprobadas que le permitirán aterrizar con más rapidez su agenda de cambio. Muchos presidentes pasan su primer año diseñando su programa y cabildeando con el Congreso los cambios requeridos. Aquí no: la mayoría de Morena y la disposición del presidente todavía en funciones ayudarán para que muchas reformas se realicen antes del 1 de diciembre.
Por eso el principal riesgo de López Obrador es que él mismo se ponga el pie y tropiece en su afán de correr muy aprisa.