Hoy se presenta el reporte 'Dinero bajo la mesa: Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México'. Es un estudio coordinado por María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, con el apoyo de investigación de Ximena Mata Zenteno y Leonardo Núñez González.
Para realizarlo se llevó a cabo una investigación documental y hemerográfica durante más de doce meses y se entrevistaron a más de 60 actores vinculados a campañas, entre ellos gobernadores, candidatos, operadores políticos, estrategas de campaña, asesores, empresarios, funcionarios públicos, encuestadores, directores de medios y periodistas.
El financiamiento y el gasto ilegal de las campañas políticas es el mayor problema de la democracia electoral mexicana. El sistema generoso de financiamiento público que surge en la reforma electoral de 1996 ha fracasado para prevenir la penetración de dinero usurero que fluye a las campañas en busca de beneficios particulares, ya sea contratos con el nuevo gobierno, permisos para establecimientos mercantiles, acceso al gobierno para influir en regulación favorable y, también, para comprar impunidad cuando un gobierno en funciones desvía recursos para apoyar a candidatos en contienda.
Hay tres mecanismos ilegales de fondeo de campañas: desvío de recursos públicos, contribuciones de particulares y financiamiento del crimen organizado. Como una inversión cualquiera, quien da lo hace por la expectativa de un rendimiento futuro. El gobernante lo hace para apoyar al candidato de su partido o en ocasiones de otros partidos para garantizar la continuidad de su gobierno (el legado), para obtener impunidad o para construir redes de apoyo político que le ayuden a proseguir su carrera política. El empresario o contratista lo hace para obtener acceso al nuevo gobierno en la forma de contratos, permisos o regulación favorable. Y el crimen organizado lo hace para proteger su negocio, sea en la forma de rutas de trasiego de droga, protección de las policías y, recientemente, en contratos de obra pública.
Los principales hallazgos del estudio:
Por cada peso que se reporta como gasto ejercido en una campaña de gobernador, hay 15 pesos que se mueven debajo de la mesa, que nunca se reportan y que se desconoce su origen.
En promedio, los principales candidatos a gobernador gastan más de diez veces el tope legal. Si el tope promedio es de 46.8 millones de pesos, el gasto promedio ejercido es de 470 millones de pesos, con casos superiores y otros inferiores, dependiendo del tamaño de la entidad y su nivel de competitividad electoral.
Las principales fuentes de financiamiento ilegal son el desvío de recursos públicos, el financiamiento privado ilegal y el financiamiento del crimen organizado.
Las principales modalidades de desvío de recursos públicos son recaudaciones en efectivo que no ingresan a las tesorerías; el uso de facturas apócrifas; las adjudicaciones directas y subcontrataciones forzosas con sobrecostos; los descuentos de nómina, entre otros.
Las modalidades de financiamiento privado ilegal implican la comisión de algunos delitos como lavado de dinero, defraudación y evasión fiscal, simulación de operaciones mediante empresas fantasma o fachada, entre otros. El dinero a campañas se entrega en efectivo o en especie, ya sea directamente al candidato o partido, o mediante terceros usando esquemas de triangulación.
El principal destino del dinero ilegal en campañas es el clientelismo electoral: compra, movilización e inhibición del voto, así como el pago de estrategas de campaña y de cobertura en medios.
El financiamiento y gasto ilegal de campañas es un problema sistémico: todos los partidos, en mayor o menor medida, lo practican. Si no se ataca la corrupción en el fondeo de campañas, será imposible combatir la corrupción gubernamental. Las campañas de este año en marcha dejarán una secuela de cuentas por pagar por varios años. Seguir en esta ruta sólo pudrirá aún más los cimientos de la democracia mexicana. Es hora de cambiar.
El estudio completo puede descargarse en: dinerobajolamesa.org