Someter el destino del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México a consulta popular es un viraje en la concepción de la democracia. Los seguidores de López Obrador argumentan que preguntar al pueblo es justamente reflejo de los nuevos modos de hacer política de "la cuarta transformación". Más allá de las ventajas y yerros que podrían resultar de que el pueblo decida sobre una obra de ingeniería y aeronáutica tan compleja, la concepción detrás de que los grandes proyectos del nuevo gobierno deban ser validados o revocados por los ciudadanos, implica un giro de 180 grados en la democracia mexicana.
Nuestra democracia, como cualquier democracia contemporánea, se construyó sobre los pilares de la representación política. La de López Obrador es un modelo que descansa bajo la premisa de que el pueblo es sabio y que no se equivoca, como ha repetido incansablemente. Apenas ayer dijo que "el pueblo no es tonto, por lo cual se le consultará su opinión sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (…) Tonto es quien piensa que el pueblo es tonto".
La democracia representativa supone que la sociedad elige a personas para gobernar con el mandato de promover y velar por el interés público. También supone que, si incumplen, se les sancionará en las urnas cuando llegue la siguiente elección. Ese modelo representativo tiene algunos yerros, siendo uno de ellos que los electores están desinformados y raramente acuden en masa para castigar a un gobierno –salvo excepciones como fue el pasado 1 de julio.
El modelo de democracia directa o participativa tiene otros yerros también. Uno: que el llamado pueblo está desinformado de los asuntos de gobierno y que difícilmente podría decidir con una perspectiva amplia de los costos y beneficios inmediatos y de largo plazo. Dos: que simplemente no le interesa ni es su rol andar definiendo el sentido de la política pública, pues el pueblo ya eligió para que los gobernantes asuman su responsabilidad. Tres: que las transformaciones históricas requieren liderazgo y ese liderazgo significa tomar la delantera, no la retaguardia. Las transformaciones históricas requieren con frecuencia pagar costos de corto plazo; no hay cambio que no implique sacrificio. Si López Obrador va a preguntar cada paso que dé, entonces su cuarta transformación podría devenir en estancamiento.
El riesgo de la democracia directa es que no hay criterios para seleccionar qué va a consulta y qué no. Por ejemplo, el Tren Maya que se ha propuesto tendrá afectaciones sociales, medioambientales y económicas en regiones inmensas del sureste mexicano. ¿Acaso no debería también someterse a una consulta popular? ¿Y qué decir de becar a los "ninis"? ¿Un programa de esa magnitud no debería también someterse a la voluntad de la gente? ¿Quién decide qué se somete al veredicto popular y bajo qué criterios?
Como nuestra democracia se ha construido sobre los principios de la representación y la delegación, México carece de los instrumentos para que el pueblo gobierne de manera directa. Ciertamente se han construido algunos mecanismos de democracia participativa, pero son insuficientes para cumplir con la visión de López Obrador. Por ejemplo, desde 2012 existe la figura de la consulta popular, pero con ciertos límites: cada tres años en elecciones federales se pueden incluir preguntas específicas, siempre y cuando no sean temas fiscales, electorales o de seguridad nacional. No hay nada en esa figura para someter a referéndum la construcción del aeropuerto el próximo octubre, como se anunció el viernes pasado.
Eso significa que el modelo de democracia directa de López Obrador se practicará sin bases legales y sin criterios políticos que den aceptación de las modalidades. Nuevamente, si el aeropuerto va a consulta, ¿por qué no se hace lo mismo con el Tren Maya o con el programa de becas para jóvenes? O bien, se dijo el viernes pasado que la consulta del aeropuerto sería mediante encuesta o alguna modalidad de consulta. La diferencia entre ambas es abismal. Si es consulta, ¿habrá un umbral para que la votación sea válida y se acate el resultado? ¿Quién instalará las casillas? ¿Cuántas? ¿Quién contará los votos? ¿Cómo se organizarán los debates públicos que un ejercicio de esta naturaleza supone? ¿Habrá financiamiento público y tiempo aire para difundir spots a favor y en contra?
Si López Obrador quiere escuchar la verdadera voz del pueblo, lo lógico sería que él se abstuviera de emitir una opinión en el tema del aeropuerto. Que la gente decida sin interferencias del líder. ¿Podrá lograrlo? O bien, como dicen algunos críticos, quizá esta consulta sea sólo un pretexto para validar una decisión política sin pagar costos políticos frente a sus bases de apoyo. ¿Qué será?