Hay dos conclusiones que quiero resaltar del tercer reporte electoral que Integralia publicó la semana pasada. Uno, habrá una oferta variada de candidatos independientes para cargos federales: tres para presidente de la República, siete para el Senado y 39 para la Cámara de Diputados. Dos, la gran mayoría de ellos son políticos profesionales. Aunque su pasado los influye, el hecho de que ahora compitan sin el aval de partidos abre un espacio de libertad que puede ser saludable para la democracia del país.
Cuarenta y nueve personas serán candidatos sin partido. El universo original era de 234 aspirantes (sin contar los desistimientos), lo cual significa que 21 por ciento cumplieron los requisitos legales y numéricos (firmas). La candidatura con mayor tasa de cumplimiento, es decir, en la cual más aspirantes cumplieron los criterios de apoyo y dispersión, fue la de diputado federal. Aquí, 21 por ciento de los aspirantes cumplió con lo dispuesto por la ley electoral, número similar al de 2015 cuando 22 aspirantes cumplieron el requisito (18 por ciento del total). La candidatura presidencial, obviamente, es la que menos tasa de cumplimiento observa: los tres aspirantes que lograron las firmas requeridas representan tan sólo 6.0 por ciento de los 46 que estuvieron activos durante el proceso.
Respecto a su perfil, la mayoría son personas que han tenido experiencia de gobierno o de partido, eso es, políticos profesionales. Que sean profesionales significa que el gobierno o la vida de partido o ambas han sido su principal ocupación remunerada en su vida profesional. No hace referencia a su talento, competencias u honestidad personal. Por ello, ser profesional de la política no debería significar algo bueno o malo en sí mismo, sino sólo una descripción de la actividad principal que se realiza. Y no podría ser de otra manera. Quien aspira a un cargo político es por definición un político, como quien aspira a tener una empresa es un empresario, al menos en potencia. Hay algunos pocos casos, como Pedro Kumamoto, que han hecho política desde la universidad u organismos de la sociedad civil, y ese perfil es, desafortunadamente, el menos común entre los candidatos independientes.
Los tres aspirantes a la presidencia de la República han militado en algún partido político. Margarita Zavala fue panista por muchos años y llegó a ser diputada federal y asambleísta. Armando Ríos Piter llegó al Senado abanderado por el PRD e incluso fue precandidato a la gubernatura de Guerrero bajo estas siglas. Jaime Rodríguez Calderón era priista y con estos colores ganó la alcaldía de García, Nuevo León.
En el caso del Senado, cinco de los siete aspirantes tiene alguna experiencia partidista o de gobierno. Por ejemplo, Pablo Salazar Mendiguchía fue gobernador de Chiapas por una alianza que incluía al PRD y al PAN y senador de esa entidad por el PRI, partido en el que militó hasta 1999. Pero también hay dos casos paradigmáticos de quien empieza una carrera como independiente. Pedro Kumamoto ganó como diputado local independiente en 2015 y fue miembro fundador de Wikipolítica, grupo que apoyó a más de un candidato independiente para este año. Manuel Clouthier fue miembro y diputado en dos ocasiones del PAN y fue el primer diputado federal independiente en 2015.
En el caso de la Cámara de Diputados, 69 por ciento de los aspirantes (27) militaron en algún partido o trabajaron en algún gobierno. Aquí destaca Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del expresidente Felipe Calderón, y quien fuera diputada, senadora y candidata a la gubernatura de Michoacán en 2011 por el PAN.
Cabe resaltar que en 17 entidades del país habrá al menos un candidato sin partido, pero hay algunas, como Nuevo León, con 10 aspirantes (el efecto Bronco); Jalisco, con cinco (efecto Kumamoto); Chihuahua (¿efecto Chacho Barraza?) y Guerrero (efecto Ríos Piter) con cuatro cada una.
Finalmente, el financiamiento público que recibirán es ínfimo. El INE destinará una bolsa de 42.9 millones de pesos, que se distribuirá equitativamente entre todos los cargos: 14.3 millones de pesos entre tres independientes a la presidencia; 14.3 millones entre los siente independientes al Senado y 14.3 millones entre los 39 independientes a la Cámara de Diputados. Esto contrasta con los topes de gasto de campañas permitidos: 430 millones de pesos para la presidencial, hasta 28 millones para el Senado y 1.4 millones para la Cámara de Diputados.