Tres comentarios prenavideños

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1. Degradación política. La verdadera degradación de la alianza entre Morena y el Partido Encuentro Social (PES) no es el desdén por los valores liberales de muchos seguidores de López Obrador, ni el conservadurismo religioso o sexual que abraza. Lo más grave tampoco es que un partido de la "mafia del poder" sea aliado de Morena para 2018. La mayor degradación es que la coalición con el PES implica postular al actual alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, como candidato a gobernador de Morelos. Si eso ocurre, el exfutbolista tendría una elevada probabilidad de conseguir la victoria en la entidad.

Blanco proviene de lo que AMLO llama el pueblo: Tepito, madre soltera, seis hijos, pero no parece contar con las credenciales para ser parte de una cruzada a favor de la honestidad. Puede ser adorado por el pueblo, pero hay indicios de que aceptó ser candidato del Partido Socialdemócrata de Morelos hace tres años por un pago de siete millones de pesos. Este mismo partido después lo acusó de peculado, argumentando que usó recursos públicos para financiar su defensa legal. Posteriormente el alcalde enfrentó un juicio político por falsear su residencia a la hora de recibir la candidatura a la alcaldía de Cuernavaca, un requisito indispensable de elegibilidad.

Blanco, el político, es producto del hartazgo con los partidos: en Morelos han gobernado tanto PRI, como PAN como PRD, pero los tres han sido acusados de corrupción y mal gobierno. Pero Blanco se ha subido al mismo tren de los partidos, aunque con un discurso antisistema: se dice víctima de los políticos malos que siempre buscan afectar al pueblo bueno. Ahora engaña: primero con un partido marginal de Morelos que iba a desaparecer y ahora con otro partido oportunista que busca votos sin explicar las cualidades que hacen del futbolista un buen candidato.

Que los partidos en Morelos hayan sido incompetentes y corruptos no justifica que se lance a otro incompetente y quizá corrupto. La corrupción no se combate con la popularidad de un deportista ni se construye un mejor futuro con base en candidatos que predican ser antipolíticos cuando medran con el hambre de venganza. Los partidos tienen la obligación de postular candidatos con las credenciales, con la integridad y con el temple para encabezar una gestión pública.

2. Las precampañas existen en el papel pero no en la realidad. Las campañas –simple y llanamente las campañas electorales para la presidencia de la República– iniciaron la semana pasada, el 14 de diciembre. Concluirán el 30 de junio, eso es, un periodo de casi seis meses, como antes de la reforma de 2007. Como los tres candidatos de partidos quieren difundir spots de radio y TV durante los 60 días siguientes, en franco desafío del espíritu de la norma y en contra de algunas disposiciones que han emitido tanto la Corte como el Tribunal Electoral, ninguno de ellos interpondrá una queja en contra de sus adversarios. Resultado: campañas envueltas de precampañas.

La contienda inicia como una competencia de tres. Falta que se sumen los independientes –quizá dos o tres– y ya con el paquete completo sabremos cómo se expresa la intención del voto allá por febrero. Lo previsible es que la carrera de tres que hoy se vislumbra devenga en una de dos hacia abril o mayo. Lo improbable, pero no imposible: que sea una competencia de tres hasta el final de la contienda. ¿Qué definirá al ganador? Cuatro aspectos: a) Si prevalece el voto de enojo o el voto de miedo; b) el rol de los independientes (no descartar que alguno despunte y se vuelva un factótum; c) la marcha de la economía y d) el factor Trump.

3. Otra omisión legislativa. La Cámara de Diputados incumplió su obligación constitucional de nombrar al nuevo auditor superior de la federación. Los partidos habían acordado votarlo antes del 14 de diciembre. Hubo comparecencias de 41 aspirantes y se eligió a una terna con base en las propuestas de todos los grupos parlamentarios.

Pero el PAN se negó a votarla y el proceso naufragó. La terna incluía a tres candidatos con las credenciales adecuadas: Salim Arturo Orcí, actual funcionario de la Auditoría; David Colmenares, con amplia experiencia hacendaria; y Ángel José Trinidad, excomisionado del INAI y actual funcionario de la ASF.

El PAN argumenta que algunos de los escogidos tienen vínculos con el gobierno y el PRI (y seguramente también con otros partidos, pues se trata de servidores públicos con décadas de experiencia laboral).

También es cierto que fuera de la terna hay otros candidatos muy competentes, pero la terna escogida fue una y no se vale desdecirse al cuarto para las doce. La consecuencia es que habrá ya dos sillas vacías del Sistema Nacional Anticorrupción: la del fiscal anticorrupción, cuyo nombramiento también ha bloqueado el PAN, y ahora la del auditor superior de la federación.

Juan Manuel Portal, actual auditor y que ha realizado una magnífica labor, concluye su gestión el 31 de diciembre. Habría sido sensato reelegirlo, pero los partidos jamás explicaron por qué no continuaba en el cargo. Marko Cortés, líder de la bancada del PAN, dijo que era necesario encontrar un perfil que "mejore el trabajo de fiscalización y contribuya eficazmente al combate a la corrupción"; mientras que su homólogo del PRD llamó a "renovar las instituciones".

La omisión del Congreso causa daño público y afecta derechos humanos como aquel de contar con un gobierno que se desempeñe con economía e imparcialidad. Que no haya auditor afecta ese derecho consagrado en el artículo 134 constitucional. Una vez que la Corte ha abierto la puerta para litigios de particulares, cabe la pregunta si no vale la pena que alguna organización interponga un juicio de amparo en contra del Congreso para obligarlo a nombrar al auditor.

Twitter: @LCUgalde

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